La comunidad nahua de Tecoltemi, en la sierra de Puebla, celebraba esta semana el triunfo de siete años de batalla legal contra una minera canadiense que, según los pobladores, ponía el peligro la escasa agua que tenían, su salud y su derecho a un medio ambiente sano.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió “dejar sin efecto” dos concesiones de la empresa canadiense Almaden Minerals para extraer oro y plata en sus montañas a cielo abierto porque no hubo una consulta previa a los pueblos indígenas afectados, tal y como ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual México forma parte.
Aun cuando la sentencia final todavía no se ha publicado, su borrador ordena al gobierno a hacer ese tipo de consultas antes de otorgar nuevos permisos y no cuando parte del daño pueda estar ya hecho, como ha ocurrido en otros proyectos que afectan a territorios indígenas
El alto tribunal en México ya se había pronunciado en varias ocasiones por hacer cumplir dicho convenio, pero esta es la primera vez que cancela una concesión minera por este motivo.
