A unos días de que inicie la discusión formal de la reforma eléctrica que plantea el presidente López Obrador, el legislador priista, Marco Antonio Mendoza Bustamante, presento la iniciativa de su bancada.
A diferencia del proyecto presentado por el Ejecutivo, la propuesta priista de reformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales omite reservar a la CFE un porcentaje mayoritario de la generación de energía y tampoco prevé la cancelación de contratos de generación otorgados a empresas privadas.
Además, elimina los porcentajes de 54 por ciento de la generación de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el 46 por ciento para el sector privado, establece la electricidad como un derecho humano y contratos de energías limpias.
También, señala que el Estado liderará los procesos de transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía que dispone la nación.
La propuesta publicada hoy en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, señala que el Centro Nacional de Control de Energía con sus funciones y atribuciones se reincorporaría a la CFE, mientras la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía se mantendrían vigentes, sin desaparecer, como plantea la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa suscrita por el priista Marco Antonio Mendoza Bustamante, coincide ampliamente con diversos temas de la propuesta del titular del Ejecutivo: en la cancelación de contratos de autogeneración de electricidad ilegales, establece que la rectoría del sistema eléctrico queda a cargo de la CFE y señala como facultad exclusiva del Estado la explotación del litio.
El proyecto que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, establece que “corresponde a la nación el control del sistema eléctrico nacional consistente en generar, producir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica para garantizar el derecho humano a la electricidad”.
Respecto a la explotación del litio, plantea reformas al artículo 27 constitucional, agrega que, tratándose de minerales radiactivos, litio y demás minerales considerados estratégicos para la nación, no se otorgarán concesiones.
Sin embargo, en su artículo cuarto transitorio, señala que a las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y en las que a la fecha existen antecedentes de explotación de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía, no le será aplicada la restricción.
En su propuesta de reforma al artículo 28 de la Constitución, establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos, litio y demás minerales estratégicos; y generación de energía nuclear; el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica.
La iniciativa retoma, aspectos como el de definir al litio como mineral estratégico para la nación, sin posibilidad de otorgar concesiones a particulares para su explotación.
Plantea que corresponde a la nación el control del sistema eléctrico nacional, consistente en generar, producir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica para garantizar el derecho humano a la electricidad.
“El Estado liderará los procesos de transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía que dispone la nación. El Estado podrá otorgar concesiones o contratos con particulares siempre que se trate de energías limpias, sostenibles que atiendan al derecho de un medio ambiente sano y permitan garantizar el derecho humano a la energía”, indica.
