La diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (PT) propone una reforma a la Ley General de Turismo para establecer la obligación de los prestadores de servicios turísticos de dar un trato digno, apropiado y no discriminatorio a las personas con discapacidad.
Mediante una iniciativa de reforma al artículo 58 y adición de una fracción, agrega que para ello deberán permitir a las personas con discapacidad el acceso con implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos necesarios para su movilidad y uso personal, incluyendo cualquier animal de asistencia o apoyo.
Señala que existen casos de discriminación en la prestación de servicios turísticos, donde a personas discapacitadas no se les permite el acceso a espacios cuando llevan algún instrumento o animal de apoyo necesario para su uso personal o de asistencia.
Menciona que hablar de discapacidad es referirse a las limitaciones o dificultades que tiene una persona para llevar a cabo acciones en situaciones cotidianas y vitales debido a una condición física o mental.
Dichas dificultades impactan en la persona puesto que su interacción se ve limitada por la forma en que se organiza la sociedad y el mundo, lo cual impide que logre desarrollarse plenamente.
Por ejemplo, una persona que tiene una condición física que le dificulta desplazarse en el espacio y requiere utilizar una silla de ruedas, puede verse aún más limitada si el camino que necesita recorrer no es el adecuado para poder moverse, agrega.
Afirma que las personas con discapacidad deben gozar de sus derechos humanos sin discriminación, aunque en la vida diaria hay muchas conductas y acciones que no respetan estos derechos.
Explica que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) las ayudas técnicas o dispositivos de asistencia son todos los productos, instrumentos equipos o sistemas utilizados por una persona discapacitada, fabricados especialmente en el mercado para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar una deficiencia, discapacidad o minusvalía.
Según la OMS, los aparatos y tecnologías de poyo permiten a las personas llevar una vida digna, productiva e independiente, así como estudiar, trabajar y participar socialmente. Además, reducen la necesidad de asistencia médica, servicios de ayuda y tratamientos de largo plazo, así como de la carga de los cuidadores.
Puntualiza que en México se han hecho muy pocos esfuerzos para eliminar las acciones discriminatorias en contra de las personas con discapacidad; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha exhortado a proveedores de bienes, productos o servicios para garantizar el acceso a sus derechos.
