La diputada federal María del Refugio Camarena afirma que el Gobierno federal está desesperado porque la primera versión del Programa de Combate a la Inflación y a la Carestía (PACIC), fue un rotundo fracaso y ahora con su relanzamiento con el que aspiran desde Palacio Nacional a reducir el precio de la canasta básica un 8 por ciento, pone en riesgo la sanidad e inocuidad agroalimentaria, así como la salud de las familias mexicanas.
La integrante del Grupo Parlamentario del PRI considera que es una medida insuficiente y engañosa que no atiende las causas del problema inflacionario, además de abrir la frontera del país a productos importados que no tendrán el cerco sanitario correspondiente.
Por ello, la presidenta de la Comisión de Ganadería hace un enérgico llamado al Gobierno federal para que no se ponga en riesgo la sanidad agroalimentaria de México. Señala que la sanidad e inocuidad de los productos de origen agrícola y pecuario deben tener mecanismos con altos estándares de calidad, que den certeza en cada etapa de la cadena de valor alimentaria.
Por lo anterior, exhorta al Poder Ejecutivo a no ceder de un plumazo, de manera irresponsable y populista la facultad que tiene por ley la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de SENASICA, para aplicar la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal, así como vigilar, aplicar, fomentar, atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria.
Refugio Camarena señala que tanto SENASICA como COFEPRIS en coordinación o de manera independiente, son instancias fundamentales para garantizar la sanidad animal, la inocuidad agroalimentaria y la salud de las familias de México.
Calificó como un terrible error de Estado y de seguridad nacional que el Gobierno federal, basado en la confianza y no en la ley, ceda a los firmantes del Acuerdo, a través de una cuestionable licencia única universal, un tipo de inmunidad en materia de sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos, esto, para que estén eximidos de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos que por ley SENASICA y COFEPRIS establecen, así como del impuesto general de importación en sus actividades de importación, distribución e insumos de envasado.
Por tal motivo, la legisladora priista manifiesta su preocupación por la ligereza del Gobierno federal por confiarles la responsabilidad sanitaria, de inocuidad y calidad agroalimentaria a los empresarios firmantes del Acuerdo, ya que los vuelve juez y parte, desplazando de su responsabilidad legal a SENASICA y a la COFEPRIS.
Refiere que esto es grave porque la contaminación por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas en alimentos nacionales y de importación de origen agrícola y pecuario puede ocurrir en cualquier momento de las etapas de la cadena de valor alimentaria.
Puntualiza que el Programa de Combate a la Inflación y a la Carestía, PACIC, en su primera etapa no pudo contener una tasa de inflación en el precio a 15 productos de la canasta básica, de los 24 que se puso como meta el Gobierno federal, algunos de ellos fueron el huevo con el 34 por ciento; Aceite con el 32 por ciento; Pollo con el 15 por ciento; Chuletas de cerdo con el 8 por ciento, Jitomate con el 10 por ciento; y la leche con el 13 por ciento, ocasionado que la canasta básica en el mes de agosto fuera 14 por ciento más cara que en el mismo mes del año pasado.
Cuestiona que la proyección del precio de la canasta básica anunciado como meta por parte del Gobierno federal en el relanzamiento del PACIC, debe ser de mil treinta y nueve pesos para febrero de 2023, pero los datos del CONEVAL indican que una persona para cubrir sus necesidades básicas alimentarias necesita dos mil pesos mensuales en zonas urbanas y de mil seiscientos en zonas rurales, esto contando los estragos inflacionarios en los alimentos, por lo que los datos que dan en Palacio Nacional, distan mucho de la realidad social en la que viven las familias mexicanas.
María del Refugio Camarena concluye que el Gobierno federal parece no entender que la mejor manera de enfrentar la inflación es atraer la inversión pública y privada, invertir mayor presupuesto en puntos estratégicos como lo son la creación de Mipymes y en las actividades del sector primario, así como impulsar la creación de política públicas de mediano y largo plazo que incentive la producción nacional del sector agropecuario y la oferta de mercado.
En cambio, aseveró, es preocupante que desde Palacio Nacional se haya trazado un esquema irresponsable, incompleto y populista que pone en riesgo el trabajo de las y los productores del sector agrícola y pecuario de nuestro país.
