La diputada Gabriela Sodi Miranda (PRD) planteó reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal con el objeto de conformar una Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario que, con base en criterios científicos, profesionales y autónomos, dirima las responsabilidades que tengan tanto los profesionales de la medicina veterinaria como las y los propietarios de mascotas.
La iniciativa menciona que la Autoridad Nacional Veterinaria tendrá a su cargo a la citada Comisión, la cual contribuirá a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos veterinarios y los prestadores de dichos servicios.
Las funciones de la Comisión Nacional serán las de brindar asesoría e información a los usuarios y prestadores de servicios médicos veterinarios, dirimir las controversias y atender las quejas que presenten los usuarios, así como proponer medidas de conciliación, añade.
Define que la Autoridad Nacional Veterinaria es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que reúne a los veterinarios y demás profesionales, cuya responsabilidad es supervisar la aplicación de las medidas de protección de la salud y el bienestar de los animales, los procedimientos nacionales e internacionales de certificación veterinaria y las demás Normas Oficiales Mexicanas.
La propuesta, que se canalizó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su análisis, precisa que los servicios de medicina veterinaria designan a las personas u organizaciones, públicas o privadas, que aplican las medidas de protección de la salud y el bienestar de los animales, y actúan bajo la supervisión y tutela de la Autoridad Nacional Veterinaria.
Asimismo, establece que son animales urbanos y de compañía todos aquellos que han atravesado un proceso de domesticación, que han aprendido a convivir con el ser humano y que les costaría llevar una existencia alejada de la sociedad humana.
Argumenta que con la revalorización de los animales de compañía se ha abierto una nueva exigencia en materia de sanidad animal para contar con altos estándares de gestión; no obstante, los conflictos entre sus propietarios y las y los médicos veterinarios pueden presentarse cuando alguna de las partes no actúa éticamente y, al menos en nuestro país, no existe un órgano gubernamental que permita dirimir estas controversias de manera imparcial.
Con lo anterior, plantea la iniciativa, se garantizará que las y los usuarios de servicios médico-veterinarios accedan a los más altos estándares de profesionalismo.
