La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consideró que si se elimina la prisión preventiva oficiosa para algunos delitos, la estrategia de seguridad en la capital se vería afectada y podrían revertirse algunos logros en la materia.
En conferencia de prensa, la mandataria aseguró que muchos de quienes cometieron ilícitos relacionados con homicidios, feminicidios, pederastia, delincuencia organizada y corrupción, podrían llevar su juicio en libertad.
Esto dejaría en la vulnerabilidad a los jueces y a agentes del Ministerio Público en un momento en que el país, “producto de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, se encuentra todavía en problemas de violencia importantes”.
Agregó que en la actualidad ya hay en la urbe 200 mil personas que llevan su proceso en libertad, a las que el Poder Judicial local debe dar seguimiento. “Entonces, ¿queremos proteger a los jueces? Dejemos la prisión preventiva oficiosa para los delitos que están establecidos en el 19 constitucional”.
Explicó que el próximo lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá varios temas, entre ellos decidir si la modificación que se hizo al artículo 19 de la Constitución, donde se incrementó el número de delitos con prisión oficiosa, es constitucional. “Me parece que la Corte puede manifestarse sobre un tema en particular, pero no decir si es constitucional o no, porque se vuelve constituyente en sí mismo”.
Además, Sheinbaum criticó que se plantee quitar la prisión preventiva oficiosa para los factureros, cuando defraudan no sólo al erario, sino al país, “hacen lavado de dinero, sea por corrupción o por delincuencia organizada”.
A su juicio, se tienen que discutir los puntos que se aprobaron en el 19 constitucional, es decir, si han tenido sentido, si hay más gente inocente en la cárcel por esta razón, pero es parte del constituyente, “no así de tajo de pronto por la Suprema Corte”.
Dijo que su gobierno envió un escrito con su postura al máximo tribunal del país, que es respaldada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia y el presidente del Poder Judicial local, Rafael Guerra Álvarez, “porque el marco jurídico debe estar ajustado evidentemente a la realidad del país”.
La jefa del Ejecutivo local consideró que los ministros “están en su torre de cristal” y no se dan cuenta de la realidad de las calles, pues deben caminarlas y recorrerlas para darse cuenta de lo que ocurre.
“Y que conste que nadie está de acuerdo en que haya una persona inocente en la cárcel, ese es otro tema, porque también hay personas con prisión oficiosa o prisión justificada que a lo mejor son inocentes por alguna mala actuación del agente del Ministerio Público o de algún juez.”
