La diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez (PAN) impulsa reformas al Código Penal Federal, para establecer que se comete el delito de abuso sexual, cuando existiendo consentimiento en realizar cópula con otra persona y habiendo pactado que la relación se realice con preservativo, éste se retire sin el conocimiento de aquella.
La reforma al artículo 260 del mencionado Código propone que en caso de que dicho abuso produzca embarazo o contagio de alguna enfermedad de transmisión sexual, la pena (que actualmente es de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa para el delito de abuso sexual) se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.
La exposición de motivos señala que a la práctica sexual en la cual una de las personas implicadas se retira el preservativo sin el consentimiento o previo aviso a su pareja, se le llama stealthing, que no solo implica quitarse el condón mientras se mantiene una relación sexual, sino dañar el preservativo premeditadamente.
Refiere que en países como Alemania o Suiza hay precedentes de condenas. En 2014, el Tribunal Supremo de Canadá condenó por agresión sexual agravada a un hombre que había realizado agujeros al condón sin el consentimiento de su pareja y en Alemania, 2016, el tribunal de Berlín condenó a ocho meses de prisión y pago de una multa de 3 mil euros a un hombre que durante el acto sexual decidió quitarse el preservativo pese a la voluntad de su pareja.
El documento menciona que en marzo de 2022 en México se registró una cifra histórica de abusos sexuales. El Informe de Incidencia Delictiva Contra las Mujeres, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, arrojó 2 mil 287 presuntos delitos de violación simple y violación equiparada.
En ese lapso se registraron mil 372 llamadas de emergencia a nivel nacional en lo que corresponde al tema de abusos sexuales; la Ciudad de México encabeza la lista con 197 llamadas.
Menciona que en el primer trimestre de 2022 se contabilizaron 815 llamadas de emergencia relacionadas con violación, a nivel nacional, de las cuales 134 fueron en la Ciudad de México, 100 en el Estado de México, 72 en Jalisco y 60 en Chihuahua.
La reforma va en concordancia a los principios de derechos humanos de universalidad, progresividad e interdependencia señalados en el artículo primero de la Constitución, puntualiza la iniciativa enviada a la Comisión de Justicia.
