Ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la Diputada Federal Laura Imelda Pérez Segura, y el Diputado Federal Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentaron de manera conjunta una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de créditos FOVISSSTE.
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 4to, párrafo séptimo, el derecho humano a la vivienda. En ese sentido, esta iniciativa pretende establecer nuevos mecanismos jurídicos que permitan garantizar el derecho de las y los trabajadores del Estado a disfrutar de una vivienda digna, decorosa y sobre todo accesible”, precisó la Diputada Jalisciense al explicar la justificación de la presente iniciativa.
Ambos legisladores coinciden en que las y los trabajadores del país y al servicio del Estado tienen derecho a una vivienda adecuada, por tratarse de un derecho humano fundamental reconocido por disposiciones nacionales e internacionales.
Cabe recordar que el FOVISSSTE, en sus orígenes, fue creado con el objetivo de ser una institución de interés social que garantizara el otorgamiento de viviendas a la clase trabajadora al servicio del Estado, a través de créditos hipotecarios con bajo interés.
Parte de su misión consiste en operar un sistema de financiamiento para otorgar créditos accesibles y suficientes para la adquisición de una vivienda digna, además de apoyos para el retiro sustentable, a través de una eficiente administración de sus aportaciones.
No obstante, a través de los años dichos objetivos no se han cumplido, toda vez que la gran mayoría de los créditos otorgados han resultado sumamente costosos e impagables para las y los trabajadores, como consecuencia de sus altos índices de interés provocados por las constantes actualizaciones que se realizan a los saldos insolutos.
“Son muchos los ciudadanos afectados en todo el territorio nacional, quienes han sido y actualmente están siendo víctimas de los créditos otorgados por el FOVISSSTE. Hay evidencia suficiente que sustenta que este instituto otorga créditos de usura, justificados por una legislación perjudicial para quienes los adquieren.”, advirtió la Diputada Federal por el Distrito 16 con cabecera en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
La legisladora Laura Imelda Pérez Segura y el legislador Alejandro Carvajal Hidalgo, señalan que la presente iniciativa ha surgido del diálogo, análisis y trabajo conjunto realizado a lo largo de varios meses con diferentes trabajadoras y trabajadores del Estado, quienes por años se han visto afectados en sus derechos laborales y de seguridad social.
La presente iniciativa propone un nuevo esquema financiero de pagos fijos en pesos, que revierta la tendencia de créditos no cubiertos, sin que se descapitalice al propio FOVISSTE y —al mismo tiempo— que estos créditos sirvan verdaderamente para otorgar a las y los trabajadores del Estado, una vivienda digna de interés social barata y suficiente.
Esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada ante el Pleno de la Comisión Permanente, busca apelar a la sensibilidad de las y los legisladores para proteger y atender los derechos y las legítimas exigencias de las y los trabajadores del Estado, con base a los siguientes puntos fundamentales:
Nuevas disposiciones
1. El saldo de los créditos se otorgará en pesos; pudiendo modificarse solamente por los intereses que produzca y que expresamente hayan sido pactados.
2. La tasa de interés no podrá ser menor del 4% por ciento fijo anual, sobre saldos insolutos, ni mayor a la tasa de interés fija promedio anual vigente en la Banca Comercial.
3. Los créditos que hayan sido otorgados con anterioridad, a petición del trabajador o trabajadora, pasarán de salarios mínimos a pesos y reflejarán la reducción en el monto de sus saldos.
Con esta propuesta, ambos legisladores buscan dar marcha atrás a las prácticas que han perjudicado a través de los años a una gran cantidad de trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado, anteponiendo el derecho humano a una vivienda digna sobre cualquier interés económico.
