Amnistía Internacional (AI), la organización de defensa de los derechos humanos, exigió tanto al gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, como al Congreso de los Diputados que se comprometan a investigar con celeridad y veracidad lo ocurrido el pasado 24 de junio en la frontera entre Melilla y la ciudad marroquí de Nador, que calificó como “la mayor tragedia humanitaria de la democracia en la frontera sur”.
Aquel día, 23 migrantes murieron, según la versión oficial del gobierno marroquí, si bien la cifra se eleva hasta 37 e incluso 45, según varias plataformas humanitarias que trabajan en la zona.
AI aprovechó la coyuntura política española, que este martes celebrará por primera vez en cuatro años el debate del estado de la nación, es decir el informe de gobierno del mandatario español que desde que asumió el poder no había rendido cuentas ante el Parlamento en este formato.
El que en teoría es el debate del año más importante tendrá como uno de los puntos más sensibles lo ocurrido en Melilla, sobre todo por la falta de información veraz de lo ocurrido y por la indignación que provocó, a derecha y a izquierda, el apoyo cerrado del gobierno español, con el presidente a la cabeza, al operativo policial conjunto de la gendarmería marroquí y la Guardia Civil española.
A pesar de que se registró la mayor tragedia en décadas en la región, el mandatario español celebró en varias ocasiones lo “bien resuelto” de la crisis, al igual que hizo el resto de su gobierno de coalición.
En este sentido, AI solicitó que se inpulse una investigación para aclarar lo sucedido en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio, ya que “esa fecha ha pasado a la historia como la mayor tragedia humanitaria de la democracia en la frontera sur”.
Además advierten que las declaraciones de apoyo a la actuación de Marruecos del presidente Sánchez, nada más conocerse la noticia y sin tener toda la información, según confirmó con posterioridad, “son cuando menos imprudentes y no están a la altura de lo que se espera de un Gobierno que afirma estar comprometido con el respeto a los derechos humanos”.
Por lo que instaron al presidente Sánchez y a todos los grupos parlamentarios que aprovechen el próximo debate sobre el estado de la nación para condenar este tipo de actuaciones. La organización ha encontrado indicios de hasta ocho violaciones de derechos humanos protagonizadas por fuerzas de seguridad españolas o por las fuerzas marroquíes, entre ellas las expulsiones sumarias y colectivas en frontera, conocidas como “devoluciones en caliente” y contrarias al derecho internacional, que ampara la actual Ley de Seguridad Ciudadana.
AI recordó que una vez más que para evitar todo este sufrimiento son necesarias vías legales y seguras para que todas las personas que se ven forzadas a desplazarse, independientemente de su procedencia, vean respetados sus derechos a un procedimiento con todas las garantías y no discriminatorio para pedir asilo y protección.
Además instó a España a revisar la cooperación con Marruecos para garantizar que sus políticas de control migratorio tengan como prioridad el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. “En relación a las políticas migratorias, AI ha podido constatar la falta de transparencia del Gobierno, que se ampara en la Ley de Secretos Oficiales respecto a los acuerdos con Marruecos. Hasta la fecha no ha recibido una respuesta formal del Ministerio del Interior sobre la naturaleza clasificada o no de éstos”.
