La Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado implementaron acciones urgentes en el Centro de prevención y reinserción social de Acámbaro, municipio del sur del estado, donde detectaron la aplicación de sanciones que vulneran los derechos humanos de 23 personas privadas de su libertad, como aislamiento sin desplazamiento fuera de sus dormitorios ni acceso a servicios de las áreas del centro, además de presentar “lesiones en diversas partes del cuerpo” que podrían derivarse de actos de tortura.
Las personas señalaron que permanecían en estas condiciones desde hacía 10 días. Según la Secretaría de Seguridad y Paz del estado -a la que está adscrita el sistema penitenciario- dichas medidas se aplicaron por “una situación de tensiones” entre internos de este centro de prevención, y sirvieron para mantener la gobernabilidad del mismo.
En su comunicado, la CNDH señaló que, al entrevistar al grupo de internos en una visita, personal de custodia del Ceprereso estatal interrumpió a los visitadores e impidió que continuaran con esta investigación, llevándose a las personas a otros dormitorios.
La Secretaría de Seguridad aseguró que cumple con el respeto a los derechos de las personas privadas de su libertad y anunció que luego de las medidas dictadas por la CNDH y la Prodheg, se hicieron cambios desde el director del centro hasta personal de custodia y se reforzó la presencia de personal médico.
Las anomalías fueron detectadas el 11 de agosto durante un recorrido por parte la Tercera Visitaduría de la CNDH, durante una visita por la aplicación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, informó la CNDH en el comunicado.
Dichas prácticas por parte de las autoridades del centro penitenciario “pueden constituir delitos” además de que no están contempladas en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por ello, se exhortó al sistema penitenciario estatal a garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad.
Ante esto, la CNDH tomó medidas urgentes en coordinación con la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (Prodheg) consistentes en medidas cautelares para las 23 ppl, para que se les permita la comunicación con sus familiares y con personas defensoras, se revise su estado de salud y se certifiquen las lesiones que presentan.
También exhortó a las autoridades penitenciarias a garantizar la tarea de organizaciones defensoras de derechos humanos en el interior del Ceprereso y se faciliten procedimientos para que las ppl puedan interponer quejas o denuncias por las medidas que les fueron aplicadas.
“La CNDH llama al Sistema Penitenciario del estado de Guanajuato a cumplir con el deber de vigilar que se respete la aplicación de las salvaguardias de prevención de la tortura para garantizar las condiciones de estancia digna de las personas privadas de la libertad, las condiciones de gobernabilidad y seguridad, la reinserción social y los requerimientos de grupos específicos, así como adoptar las acciones inmediatas que permitan erradicar las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en contra de las personas privadas de libertad”, dijo el organismo.
E instó a que estas autoridades apliquen el marco legal vigente sobre uso de la fuerza y aplicación de medidas disciplinarias y erradiquen las prácticas que vulneren la dignidad de las personas.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Paz del estado, a cargo de Juan Mauro González, informó que el aislamiento de los 23 internos no se realizó como una sanción sino como una medida preventiva “destinada exclusivamente a salvaguardar la integridad física y la seguridad de las personas privadas de la libertad involucradas y de la población penitenciaria en general”.
Aseguró que las medidas fueron contundentes e inmediatas, “permitió desescalar la situación de riesgo y cumplió con su objetivo de mantener la gobernabilidad en el centro”.
“Es importante mencionar que todas las medidas implementadas en este y en todos los Centros de Prevención y Reinserción Social del estado han permitido evitar el fenómeno de autogobiernos, y que Guanajuato destaca porque desde ninguno de sus penales se han realizado llamadas de extorsión”, señaló la Secretaría de Seguridad y Paz del estado.
