Sepa La Bola
Claudia Bolaños
Y Sepa la Bola… pero un grupo de docentes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) decidió alzar la voz para denunciar una situación que consideran preocupante: la posible imposición de materiales educativos de una editorial, en presunta complicidad con autoridades del subsistema.
Según los testimonios, en junio, durante una reunión en el plantel Padilla Segura III, el director general del subsistema en el Estado de México, Rodrigo Rojas Navarrete, y el titular de la Unidad de Operación Desconcentrada (UOD), maestro Osiris Pasos Herrera, presentaron a los directores de los 27 planteles de la entidad al director comercial de la editorial Klik, Víctor Díaz.
En esa reunión —afirman los maestros— se dio la instrucción de que únicamente se trabajaría con los materiales de esa editorial.
Con ello, advierten, no se respeta la libertad de cátedra, que es el derecho de los docentes a elegir sus métodos y materiales de enseñanza, siempre en apego a los planes y programas oficiales. Estará la segunda acusación que nos hacen sobre el intento de obligar a los maestros a adoptar libros de texto de una sola empresa.
Esta decisión representaría una negociación previa entre la editorial y algunas autoridades.
El sindicato, mediante una circular, se deslinó de esta decisión.
Este tipo de prácticas atentan contra principios fundamentales como la libertad de cátedra y la autonomía escolar, pilares del sistema educativo mexicano.
La libertad de cátedra garantiza que los docentes puedan elegir las herramientas pedagógicas más adecuadas para sus grupos, dentro del marco de los planes oficiales; y la autonomía escolar permite a cada plantel organizar su funcionamiento interno según sus necesidades.
Imponer libros de una sola editorial, sin considerar otras opciones y sin un proceso transparente, no solo restringe esa libertad, sino que también puede afectar la calidad educativa y el derecho de los estudiantes a recibir una formación plural, crítica y de excelencia.
Si bien no existe una ley que prohíba de manera expresa este tipo de imposiciones, tanto la Constitución como la Ley General de Educación respaldan indirectamente la libertad de cátedra y el derecho a una educación digna.
A nivel estatal, también hay normativas que establecen criterios para la selección de materiales didácticos, aunque su aplicación suele ser desigual y poco clara.
Además, los estudiantes merecen materiales de calidad, seleccionados por sus maestros con base en criterios pedagógicos, y no por compromisos políticos o económicos.
Y Sepa la Bola, pero dando seguimiento a la licitación pública LA-50-GYR-050GYR040-T-2-2025, relativa a la adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres niveles de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el proceso continúa bajo escrutinio por posibles actos de corrupción. A la denuncia presentada ante la Cámara de Diputados se suma ahora una notificación dirigida a Luis Guillermo Álvarez Contreras, titular del Órgano Interno de Control del IMSS, cuyo director general es Zoé Robledo Aburto.
De acuerdo con información proporcionada por personal de la Coordinación de Abastecimiento del propio instituto, se les instruyó, aseguraron, de manera directa, por parte de Borsalino González Andrade, director de Administración, descalificar a todos los proveedores participantes que pudieran representar competencia real, con el fin de asegurar la adjudicación mayoritaria a las empresas Fehlmex S.A. de C.V., Diumex S.A. de C.V. —ambas vinculadas a Héctor Bonilla— y Neos Salud y Diseño Médico S.A. de C.V., todas ellas participando con la marca Fehlmex. El presupuesto comprometido para estas adjudicaciones asciende a 917 millones de pesos.
Funcionarios del IMSS han decidido denunciar estas irregularidades, principalmente por temor a las repercusiones legales que podrían enfrentar, ya que son ellos quienes firman la documentación que valida la asignación de partidas, mientras que sus superiores no asumen dicha responsabilidad. Los denunciantes señalaron que, como parte del proceso licitatorio, se realizaron evaluaciones técnicas de los bienes presentados por los proveedores, en presencia de representantes del área técnica, área administrativa, el Órgano Interno de Control y un testigo social. Dichas evaluaciones incluyeron inspección ocular, cotejo físico y, lo más relevante, fueron videograbadas en su totalidad.
Ante estos antecedentes, se espera un seguimiento riguroso y transparente no solo por parte del director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, sino también del Órgano Interno de Control y de la Cámara de Diputados. Resultaría inadmisible que funcionarios públicos manipulen un proceso licitatorio a pesar de los mecanismos de control anticorrupción implementados.
Queda en manos de las autoridades competentes actuar con firmeza y responsabilidad.
