El diputado federal Emilio Suárez Licona manifestó su rechazo a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al considerar que el desmantelamiento sistemático de las instituciones del Estado mexicano pasa por encima de los derechos laborales de las y los trabajadores. Esto, dijo, pasará factura con efectos negativos a las y los mexicanos, más temprano que tarde.
Por ello, el legislador del PRI exigió respeto al personal técnico, profesional, responsable y con gran vocación de servicio del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), quienes hoy no tienen certeza de que sus derechos laborales serán respetados. A todos ellos, enfatizó, se les debe garantizar su liquidación sin distingos.
Emilio Suárez coincidió con el coordinador Rubén Moreira Valdez, quien en varias ocasiones ha exigido el respeto a los derechos laborales, que no se afecte a la clase trabajadora y se respeten de manera irrestricta los derechos y libertades de todas y todos. Al igual que todos los integrantes de la bancada del PRI su voto fue en contra de esta iniciativa por abonar a la opacidad, la censura y el espionaje.
En su propuesta de reserva, Suárez Licona apuntó que las indemnizaciones por la desaparición del este organismo se pagarán a todas las personas servidoras públicas, considerando la fecha en las que se integraron al servicio del Instituto, ya que todas las personas servidoras públicas causarán baja al momento de la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Consideró necesario que el IFT disponga de los recursos financieros suficientes para pagar las indemnizaciones o finiquitos a todos los servidores públicos al momento de su extinción.
Suárez Licona advirtió que esta ley representa un grave retroceso democrático, al transferir sus funciones a un órgano subordinado al Ejecutivo Federal sin autonomía ni controles técnicos, luego de haber tardado décadas en desmontar un sistema presidencial todopoderoso y limitado, sin contrapesos, por lo que se establecieron los órganos autónomos del Estado mexicano.
Además, señaló, vulnera derechos humanos, debilita los contrapesos institucionales y viola compromisos internacionales asumidos por México en el T-MEC, particularmente el mandato de contar con un regulador independiente en telecomunicaciones.
“La gente tiene derecho a saber que estos 10 días oscuros se han desmantelado instituciones que tenían como objetivo primigenio garantizar a las mexicanas y mexicanos el ejercicio pleno de sus libertades y derechos, lo cual hoy queda cancelado con esta ley de censura, persecución y control”, concluyó
