El Senado de la República aprobó en medio de un acalorado debate donde señalamientos personales entre legisladores del bloque mayoritario y de la oposición alargaron la sesión, la Ley de Telecomunicaciones propuesta por la Presidenta de la República.
El ordenamiento avanzó con cambios en aspectos centrales como el bloqueo a plataformas, que quedó fuera del texto; así como la creación de un organismo regulador del sector que tendrá independencia técnica pero no será autónomo, ya que dependerá de la Agencia de Transformación Digital.
En lo general, la votación fue de 77 votos a favor y 30 en contra. La bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) contó con el voto de sus aliados del Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde (PVEM) y también de Movimiento Ciudadano (MC).
Los votos en contra fueron de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En lo particular y tras aceptar un par de modificaciones en el apartado de reservas, el ordenamiento se aprobó con 71 votos a favor y 29 en contra.
El proyecto será turnado a la Cámara de Diputados, informó la Mesa Directiva del organismo senatorial.
Entre las reservas aprobadas, destaca que, en el caso de suspensión precautoria de transmisiones en medios por violaciones a la ley, ésta aplicará luego de que haya un apercibimiento previo.
Asimismo, se estableció que ante la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), éste ocupará los recursos que tenga asignados, incluyendo los que estén en su Fideicomiso de Infraestructura y Equipamiento, para pagar indemnizaciones y finiquitos a su personal.
Ello, aunado a que toda la planta laboral del Instituto causará baja en cuanto éste se extinga.
En la larga discusión, las acusaciones directas entre legisladores de Morena, PAN y PRI alargaron la reunión.
La senadora Lilly Téllez, su compañero de fracción, Marko Cortés; el senador y líder priísta Alejandro Moreno; el senador morenista Óscar Cantón; el coordinador de la fracción guinda, Adán Augusto López; y el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña intercambiaron señalamientos y acusaciones aunado a que se enfrascaron en toma y daca por alusiones personales.
Al inicio de la discusión, el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Javier Corral, afirmó que el documento es mejor al presentado originalmente por la Presidenta de la República.
Aseguró que muchas de las opiniones vertidas por 89 invitados a cinco conversatorios organizados en días anteriores, se tomaron en cuenta.
Se borró del documento toda referencia que pudiese ser interpretada como censura previa, recalcó.
“Este dictamen eliminó todas las expresiones directas o indirectas que podían ser interpretadas como mecanismos de censura previa. Se eliminaron todos artículos de la versión anterior que fueron señalados en la polémica”, externó.
Destacó como el mayor cambio al texto, la creación de una autoridad reguladora que será identificada como Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que, si bien tendrá independencia técnica, no será autónoma.
“Por ello la mayor transformación del dictamen fue configurar una nueva autoridad reguladora, a partir de un órgano colegiado con independencia técnica de gestión y operación como la máxima autoridad para resolver sobre concesiones de espectro y regulación de servicios de internet, de radio, televisión y satélite y con ello, ponderar la deliberación técnica y no política”, expresó.
Asimismo, existirá otra autoridad a la que se refirió como “agencia antimonopolio”, que determinará a los agentes preponderantes en telecomunicaciones e impondrá la regulación asimétrica aplicable al sector.
Se eliminó el registro de usuarios de telefonía celular. Sólo cuando un usuario compre un chip, deberá identificarse ante el proveedor privado, no ante el gobierno, remarcó.
El legislador enlistó la serie de beneficios que implicará la norma, como el impulso a medios sin fines de lucro, sociales, comunitarios, indígenas y afromexicanos, a los que se dará viabilidad financiera, permitiéndoles acceder a recursos a partir de la publicidad de productos, bienes y servicios locales hasta el 3 por ciento de tiempo de transmisión.
Los entes públicos podrán asignar a esos medios entre el 1 y el 10 por ciento del presupuesto para comunicación y publicidad, anotó.
En cuanto a la radiodifusión pública, reincorpora independencia editorial, opciones de financiamiento y reglas para rendir cuentas.
Se hace obligatorio para todo concesionario contar con defensores de las audiencias, que contribuirán a evitar la desinformación y calumnias, consideró.
Se reducirá la brecha digital con la prestación de servicios de telecomunicaciones por parte del Estado a través de una empresa pública que atenderá zonas donde los operadores comerciales no llegan, y ofrecerá internet gratuito en sitios públicos.
Hizo énfasis en que se modifica la participación del Estado en medios comerciales, para evitar violaciones al T-MEC.
Establece reglas para la interconexión entre operadores, impone límites a la concentración del espectro radioeléctrico y habrá incentivos para ampliar la participación, como disminuir el cobro por el aprovechamiento del mismo, a cambio de llevar conectividad a zonas prioritarias por marginación y carreteras.
Aseguró que la reforma da certidumbre a la inversión en el sector y permitirá al Estado mantener la rectoría sobre el espectro.
No habrá más abusos de operadores que suelen cambiar los planes de telefonía y datos “a conveniencia”, dijo.
Al manifestar el voto a favor de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), la senadora Alejandra Barrales reconoció que el bloque mayoritario y el Gobierno Federal rectificaron con respecto al proyecto original.
Se lanzaron alertas sobre los excesos del primer dictamen, como el riesgo de censura a plataformas digitales, así como la concentración con más de 60 facultades en la Agencia de Transformación Digital, y se corrigió.
Calificó como un avance la creación de un órgano regulador colegiado y que se haya dado marcha atrás a la concentración del poder en una sola persona, el titular de la Agencia de Transformación Digital.
Aunque lamentó que ese organismo no será autónomo porque formará parte de la propia Agencia, reiteró que es un paso adelante.
Barrales Magdaleno coincidió con los morenistas en cuanto a que se elimina el acceso sin control a la información de los ciudadanos, ya que tendrá que haber mandatos judiciales.
Contra el proyecto, se pronunciaron los coordinadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve; y del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya; así como diversos integrantes de esas fracciones.
Por separado, los coordinadores subrayaron que los cambios al dictamen son “simulación” y concretan la “censura del bienestar”, puesto que el organismo regulador no será autónomo técnica ni políticamente, al formar parte de la Agencia Digital.
Se mantiene la facultad de suspender sin contar con orden judicial, los contenidos que no le agraden al gobierno. Se podrá “bajar el switch” a las televisoras y radios, alertaron.
Se silenciarán las voces críticas y de la oposición y de los medios que no quieran alinearse con el Ejecutivo Federal, dijeron.
La competencia entre los concesionarios y el Estado en telecomunicaciones, recalcaron, será simulación, es “una burla” al principio de neutralidad.
Aseguraron que la norma es violatoria de disposiciones del T-MEC.
Calificaron como un engaño la eliminación del padrón de usuarios de telefonía, porque “por la puerta trasera”, en el artículo 30 transitorio, se establece que el Gobierno Federal tendrá a su alcance toda la información privada de los ciudadanos sin necesidad de contar con orden judicial.
Será el “Big Brother del bienestar”, aunado a que “legalizará la censura” a medios no alineados al Ejecutivo, insistió el coordinador priísta.
Por su parte, Anaya Cortés, quien enfatizó que la presión ciudadana “dobló” al Gobierno Federal y logró que se hicieran cambios al dictamen, sentenció que persiste la “trampa”.
Se mantiene la geolocalización a través de la telefonía móvil, en tiempo real y sin orden de un juez, para ubicar al ciudadano y enterarse de todas sus actividades.
Es un “Estado espía”, policial y un gobierno que tendrá el poder de saber dónde están y qué hacen todos los mexicanos, sin que sean responsables de delito alguno, enfatizó.
Prevé la suspensión de transmisiones de medios de comunicación cuando la autoridad gubernamental considere que afectan algún interés en general y no solo el de las infancias, alertó.
No se puede acompañar una legislación que “pone una pistola en la cabeza” de medios que no publiquen lo que al régimen le interesa. “Era la ley censura y la ley censura se queda”, recriminó el panista.
Al intervenir, el senador priísta Alejandro Moreno, que insistió en calificar la ley como el “Big Brother del bienestar”.
La cancelación de transmisiones, afirmó, que se trata del cumplimiento de un “sueño dictatorial” que ni gobernantes como los venezolanos Nicolás Maduro y Hugo Chávez, hubieran concebido.
Aseguró que los morenistas están destruyendo la República y aprovechó para llamar a la oposición a cerrar filas a favor del país y para evitar la destrucción de la República.
Para ilustrar sus dichos, Moreno Cárdenas pidió que se proyectara en las pantallas del Pleno, el fragmento del video de la intervención del senador Óscar Cantón en comisiones, el día anterior, donde afirmó que él creía que la “cuarta transformación es la dictadura más democrática que ha conocido en el mundo”.
El aludido intentó defenderse recordándole al priísta que cuando era diputado federal, se pidió su desafuero, y asegurando que debería estar en la cárcel.
El priísta reviró al calificar como “estúpida y temeraria” la ignorancia del legislador tabasqueño. Aseguró que a él nadie lo “doblará”. También llamó “narcos” a los morenistas.
En defensa de la norma, la senadora Guadalupe Chavira y el senador Manuel Huerta calificaron como falsas las acusaciones sobre el “Estado espía” y la censura a plataformas y medios de comunicación.
Morena no es un peligro para México, remató la senadora Chavira de la Rosa.
A las polémicas intervenciones se sumaron las reiteradas referencias de la senadora del PAN, Lilly Téllez, al caso de las acusaciones por “narcolavado” de dinero contra la casa de bolsa Vector, propiedad del empresario Alfonso Romo, que fue jefe de la Oficina de la Presidencia con el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador.
También, el intercambio de insultos entre Téllez García y el coordinador de Morena, Adán Augusto López, que por ofender a la integrante del PAN a quién llamó “loca” y con falta de tacto, se refirió en términos despectivos a las personas con discapacidad.
El toma y daca también se dio entre los senadores Marko Cortés y Fernández Noroña, que intercambiaron señalamientos por la decisión del presidente de la Mesa Directiva, impedir que el panista participara en una actividad parlamentaria en Europa.
Noroña reconoció que lo hizo por considerar que Cortés Mendoza no sería institucional y hablaría ante parlamentarios extranjeros a nombre de su bancada y como panista, no a nombre “del país”.
El presidente del Senado también admitió que ese tipo de medidas no se habían tomado, pero él decidió aplicarla.
