La Vicecoordinadora General del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Noemí Berenice Luna Ayala recibió el respaldo las diversas fuerzas políticas adscritas a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para incluir en la ley, la posibilidad de que municipios impulsen de forma clara y estructurada, la creación y administración de áreas de restauración y conservación ecológica.
Ello, debido a la situación crítica que se enfrenta en el país por la pérdida de cobertura vegetal, especies nativas y la contaminación derivadas no solo de fenómenos naturales, sino por actividades fuera de la ley.
El documento discutido hace unos días indica que es necesario recuperar el equilibrio ambiental en regiones frágiles, donde actividades humanas irresponsables han provocado un deterioro acelerado de los ecosistemas. La degradación del suelo, la pérdida de cobertura vegetal y la contaminación de cuerpos de agua amenazan la biodiversidad y vulneran el derecho constitucional a un medio ambiente sano.
De acuerdo con la legisladora federal, México es potencia mundial en recursos naturales; sin embargo, éstos están sufriendo una descomposición acelerada no solo por los desastres naturales, sino por actividades como la deforestación y el impulso de energías altamente contaminantes que contribuyen –incluso- a muertes por exposición prolongada.
La propuesta de la panista Luna Ayala considera reformar la fracción V del artículo 8º de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para que los municipios no solo tengan la encomienda de “crear y administrar zonas de preservación ecológica en los centros de población; parques urbanos, jardines públicos y demás áreas”, sino que también puedan estar en condiciones de “crear áreas de restauración y conservación”.
Dicha iniciativa considera que esas áreas comprendan, preferencialmente, nacimientos de agua; humedales; rondas hídricas; parques urbanos; jardines públicos, y demás espacios de importancia ambiental.
De hacer estos cambios, expuso, se lograría atacar de raíz la degradación ambiental, detonar desarrollo sustentable, y México cumpliría tratados internacionales firmados como la Agenda 2030 que plantea restaurar ecosistemas críticos antes de ese año (y para lo cual nos restan menos de cinco), así como vincular ciencia, política y comunidades locales para regenerar ecosistemas y reforzar una política ambiental moderna, efectiva y con enfoque preventivo.
“La rehabilitación de funciones alteradas en los ecosistemas –expone la propuesta- restablece procesos esenciales y opera como un mecanismo de justicia ambiental al mitigar vulnerabilidades que involucran a la población, garantizando así el derecho humano a un medio ambiente sano y reduciendo la exposición a riesgos catastróficos de origen antrópico o climático”.
“México es uno de los países con más biodiversidad, pero también de los más deforestados, hay un retroceso ambiental serio: incendios forestales, contaminación del aire, pérdida de ecosistemas y con esta reforma se fortalece el derecho humano a un medio ambiente sano y está alineada con la Constitución mexicana, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, así como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio de Ramsar”, alude.
Finalmente, Noemí Luna expuso que, con estos cambios, no se crean nuevas estructuras ni órganos de gobierno, sino que refuerzan funciones existentes (como las de SEMARNAT, gobiernos estatales y municipios) con criterios técnicos claros
