La jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo pública la lista de deudores alimentarios, sin embargo, la comunicóloga y activista feminista Diana Luz Vázquez, considera que, aunque se debe festejar este avance en la entidad, quedan pendientes políticas públicas encaminadas a garantizar los derechos de las madres y las personas que sostienen la manutención de las infancias.
El pasado 12 de junio, la dirigente morenista presentó la lista pública y explicó que no se trata de una sanción arbitraria, sino de una herramienta de transparencia. Además, argumentó que los deudores no deben mantenerse en el anonimato, pues de acuerdo con el artículo 135 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los padres morosos no podrán acceder a cargos de representación popular, ni obtener pasaportes o realizar trámites notariales claves, ni salir del país.
“No puede tener privilegios, quien no cumple y no se responsabiliza con la niñez, en esta ciudad”, sentenció Brugada.
Con esta medida, la capital mexicana se suma a otros dos estados, Coahuila y Oaxaca, que han adoptado la reforma conocida como Ley Sabina, aprobada por el Senado de la República el 22 de marzo de 2023 y que modificó la ley antes mencionada. Con lo anterior, se estableció la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
En entrevista con Proceso, la promotora de la Ley Sabina, Diana Luz Vázquez, afirmó que este registro es un acto de justicia y recordó que desde el feminismo sostienen una lucha para que el registro se haga una realidad en las 29 entidades federativas restantes, aun cuando ya fue decretado por el Senado: “Ya no se trata de un debate, ya es una ley”.
La activista oaxaqueña acompañó a Brugada durante la presentación de la lista en la capital mexicana, hecho que celebra como un avance de la lucha feminista, pues apunta que las principales víctimas de los deudores alimentarios son en su mayoría mujeres:
“Detrás de un deudor alimentario hay muchos agresores, manipuladores, violentadores psicológicos, golpeadores. Bueno, no nada más se trata de un hombre que adeuda la pensión, hay otras violencias que esconden o que están atrás de cada uno de los nombres de estos deudores alimentarios”.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 33 de cada 100 hogares la única persona al frente de la familia es la madre.
Según explicó, con esta medida la consulta de los registros de obligaciones alimentarias se agiliza, ya que no es necesario proporcionar ningún tipo de clave, homo clave o contraseña, como ocurría en el pasado.
También consideró que se trata de una medida de prevención, es decir, una especie de herramienta en la que los ciudadanos, especialmente mujeres, pueden consultar los antecedentes parentales de las personas con las que se relacionan y sostienen vínculos:
“Para que sepan si tienen hijos, sobre todo si van a decidir procrear, que sepan si es una persona que debe pensión, porque hay un patrón muy común en estos señores que se dedican a embarazar mujeres, son unos desobligados, se desentienden”.
Vázquez señaló que detrás de la publicación de listas de deudores alimentarios el resto de la República, existen hombres que ocupan espacios de toma de decisiones, quienes han impedido el desarrollo de este registro y obstaculizan políticas con perspectiva de igualdad:
“Hay muchos hombres que se oponen a este registro de deudores a hacerlo público, porque están en esa situación o están a punto de estarlo. Quien no tiene ninguna deuda pendiente, quien tiene y es responsable con sus hijos e hijas, no se opone”.
Aunque no mencionó nombres, se refiere a legisladores y actores políticos que, aseguró, se “han sentido amenazados y aludidos”, así como a representantes sindicales que buscan favorecer los intereses de sus agremiados.
Algunos de los argumentos de los opositores a esta medida se basan en la presunta amenaza de difamación y la vulneración de los datos personales. Al ser cuestionada sobre ello, la activista respondió: “En esa ponderación de derechos, se tienen que favorecer los derechos de las infancias”.
En su experiencia como defensora de los derechos de las mujeres, Vázquez identificó que son largos los procesos que enfrentan las víctimas de violencia económica con los deudores alimentarios.
De la misma manera, encontró que las repercusiones son más profundas de lo evidente:
“Hoy las mujeres luchamos solas, no nos sentimos acompañadas del Estado cuando decidimos interponer una demanda de pensión alimenticia, somos nosotras las que tenemos que pagar abogados, nosotras las que tenemos que estar casi persiguiendo al deudor, que el Estado no lo hace (…) yo creo que se tiene una deuda histórica con las madres en México, con las maternidades autónomas”.
“Las madres tenemos que o terminamos desistiendo, porque resistir un proceso de pensión alimenticia no solamente es un asunto de carácter económico, sino también emocional, entonces creo que el Estado en ese sentido nos ha dejado solas y creo que este registro de deudores alimentarios, al hacerlo público es una forma del Estado de hacerse responsable también en relación con estos deudores alimentarios y también de marcar una tolerancia, una impunidad a estos hombres”
Por ello, insistió en que la publicación de la lista debe ir acompañada de políticas públicas serias, en donde se preste atención a las víctimas desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX):
“Para que den un seguimiento a los casos de las demandas de pensión y denuncias de carácter penal”.
También dijo que el propio registro es una oportunidad para localizar y poner “bajo la lupa” la posible comisión de otros delitos, por ejemplo, explicó que muchas de las mujeres que aparecen en este listado son víctimas de violencia vicaria, con situaciones en las que el padre solicita la custodia de los menores para evitar el pago de sus obligaciones y comenzar a adjudicar la responsabilidad a la madre:
“Hay que revisar en qué condición están siendo deudoras alimentarias, porque muchas de ellas les han quitado a sus hijos para seguirlas revictimizando y para que estos padres agresores violenten a las mamás cuando saben que dieron la vida en el cuidado del hogar”.
En el contexto de la CDMX, Diana Luz Vázquez fue clara al referirse al Sistema Público de Ciudadanos, que es uno de los estandartes en la administración de Brugada: “No puede haber ciudad de los cuidados si no hay justicia para las infancias y para las madres, para quienes cuidamos, si las pensiones alimenticias no llegan”.
