La crisis en la impartición de justicia en la capital mexicana se acentuó con el paro laboral convocado el 12 de junio por los abogados de oficio de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, así como con las protestas encabezadas por trabajadores de la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Además, integrantes del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México (Incifo) suspendieron labores para solidarizarse con el paro que, desde hace mes, mantienen los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX).
Las protestas de peritos forenses y abogados de oficio reflejan demandas acumuladas en distintos frentes del sistema judicial de la Ciudad de México. Aunque pertenecen a instituciones diferentes, todos los trabajadores mencionados desempeñan un papel fundamental en la impartición de justicia y comparten reclamos dentro de su inconformidad: aumentos salariales, condiciones laborales dignas y personal suficiente. Las manifestaciones son síntoma de la magnitud de una problemática que ha provocado retrasos en audiencias y en el seguimiento de carpetas, lo que afecta directamente el acceso a la justicia de los ciudadanos.
El jueves 12, en las instalaciones de la Fiscalía capitalina, ubicadas en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, los trabajadores de Servicios Periciales protestaron exigiendo un aumento salarial y denunciaron descuentos injustificados en sus pagos.
También se concentraron en las puertas del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo), perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, donde realizaron un cierre simbólico y describieron a medios las condiciones laborales a las que están sometidos, sin aumentos salariales desde hace “10 o 15 años” y con horarios laborales injustos.
Al grito de “¡peritos unidos jamás serán vencidos!”, señalaron que no cuentan con los recursos ni con el personal suficiente para desempeñar su trabajo y atender a la ciudadanía; además, exigieron que las autoridades y mandos cumplan con perfiles éticos y conocimientos en las áreas donde se desempeñan.
Según explicaron a medios de comunicación, los especialistas en distintas materias como forense y criminalística enfrentan cargas excesivas de trabajo y maltrato laboral, por lo que pidieron la renuncia de la coordinadora del área, María Seberina Ortega.
Los peritos juegan un papel importante en la impartición de justicia en la capital mexicana, ya que aportan conocimientos técnicos y científicos para esclarecer hechos y pruebas en procesos judiciales.
Mientras los profesionales del Incifo y la Fiscalía local se manifestaron en las sedes respectivas de los organismos, simultáneamente se movilizaron en distintos puntos del centro de la ciudad los empleados de los juzgados cívicos y de la Dirección General de Servicios Legales y Defensoría Pública —abogados de oficio— pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia capitalino.
Al igual que los peritos, exigieron mejoras salariales y denunciaron cargas excesivas de trabajo, falta de recursos materiales y tecnológicos, así como acoso laboral.
El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó el avance de los inconformes sobre la avenida 20 de Noviembre e Izazaga, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.
Los defensores legales bloquearon la circulación en la calzada San Antonio Abad, a la altura de Lorenzo Bouturini y se dirigieron al Eje Central Lázaro Cárdenas para continuar enunciando sus demandas.
El descontento de los defensores legales y de los peritos abona a los rezagos en la impartición de justicia que ha ocasionado el paro laboral que iniciaron los trabajadores del TSJ-CDMX, el pasado 29 de mayo, con el cierre de los juzgados y las salas en materia familiar, ubicados sobre la avenida Juárez.
Desde entonces, en la capital mexicana se acumulan los casos de ciudadanos que buscan el acceso a la justicia y encuentran retrasos en los procesos.
Luis Sánchez es el titular del despacho jurídico Larrea Sánchez Jasso y Colón. Es litigante y ha ejercido como penalista, por lo que la situación del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) lo afecta directamente a él, a sus trabajadores y a quienes representa legalmente.
El pasado 31 de mayo compartió con este medio su diagnóstico sobre las condiciones de la impartición de justicia en la capital y se refirió al TSJ-CDMX como una maquinaria colapsada.
Ahora, en entrevista con Proceso, vuelve a ofrecer un análisis frente a las protestas y paros laborales recientes. Hace hincapié en la existencia de “grandes fallas estructurales” y encuentra gran parte de la causa en el “ya perpetuo” descontento de los trabajadores del tribunal, pues recuerda que en 2024 se registró un paro de casi tres meses, convocado para protestar contra la reforma al Poder Judicial. Además, menciona que en febrero pasado los trabajadores de los juzgados suspendieron intermitentemente sus actividades para reclamar las exigencias que aún mantienen y que, a casi cinco meses, siguen sin conciliar con las autoridades competentes del Gobierno capitalino y el Poder Judicial local.
Sánchez es claro con las implicaciones: “Es una pregunta que se responde sola, si yo traigo un juicio de cualquier naturaleza, el solo hecho de que cierren un juzgado implica que mi litigio se va a retardar. En lo económico, en lo social y en lo familiar, es trágico”.
Y agrega: “Es evidente que estamos ante la punta del iceberg de una debacle que se avecina (…) me afecta a mí, que me desenvuelvo como defensor privado, pero la dimensión es profunda y social, afecta también a los abogados de oficio, a los trabajadores de todos los niveles, a madres que llevan juicios sobre la custodia de sus hijos, a víctimas de todo tipo de delitos, a cualquier ciudadano que el día de mañana tenga buscar el acceso a la justicia”.
