El titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, confirmó este miércoles la eliminación de la modificación del artículo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como parte de un nuevo marco normativo que busca garantizar la conectividad de al menos 15 millones de personas en México que hoy no tienen acceso a internet.
Durante su presentación en la conferencia de prensa matutina de este miércoles, Peña Merino explicó que esta transformación legislativa responde a una necesidad estructural: cerrar las brechas de acceso en zonas marginadas, reducir el costo del servicio, y permitir que tanto operadores públicos como comunitarios puedan ofrecer conectividad con mayor equidad.
“Aquí no hay censura, al contrario, no. (Esta es) una ley que promueve la conectividad, que promueve que más personas se puedan usar datos y manifestar sus ideas y usar redes. Es una ley que claramente va en el sentido contrario entonces, pero para que no haya ningún espacio de duda o malentendido, se elimina (la modificación)”, dijo el funcionario. Según datos presentados por el funcionario, al menos 10 millones de personas viven en zonas sin cobertura 4G, y otras 4.4 millones se encuentran en zonas con señal, pero no pueden costear el servicio. En total, unos 15 millones de personas en México permanecen desconectadas.
También, detalló que, a pesar de avances importantes —como la instalación de infraestructura pública que incrementó de 13,000 a 141,000 las localidades conectadas entre 2018 y 2024—, la cobertura sigue siendo limitada en zonas rurales. En localidades con menos de 200 habitantes, solo el 26% tiene conexión.
Además, explicó que México mantiene el costo más alto por gigabyte de datos móviles entre países comparables, según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones: 5.22 dólares por GB, frente a países como Egipto, donde el costo es de 0.52 dólares.
Peña Merino también anunció que la reforma implica l separación de las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Las tareas de regulación de telecomunicaciones permanecerán en el IFT, mientras que la competencia económica pasará a una nueva Comisión Antimonopolio dependiente de la Secretaría de Economía.
“Se va a separar la autoridad de telecomunicaciones… y aparte el tema de competencia económica, que se iría a la nueva Comisión antimonopolio que estaría en la secretaría de Economía, no, entonces no es una iniciativa de ley que concentre más atribuciones, de hecho, al contrario, separa las dos atribuciones: cobertura para el regulador de telecomunicaciones y competencia para la Comisión antimonopolio; que, además, esperamos por supuesto tenga un efecto en una caída de precio de servicios que no se ha observado en los años recientes”, dijo.
