Los exrelatores de libertad de expresión de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), David Kaye y Carolina Botero, respectivamente, coincidieron en que las agresiones contra la prensa han “empeorado” en los últimos quince años.
Durante el panel “Libertad de expresión, derechos digitales y acceso a la información en México”, organizado por Artículo 19 y la embajada de Noruega en México, los expertos internacionales hicieron un balance de lo ocurrido en la materia, desde que se realizaron las visitas al país en 2010 y en 2017 a la fecha.
Moderados por la periodista Carmen Aristegui, los relatores coincidieron en la persistencia de un deterioro en la situación de la libertad de expresión por el incremento de la violencia contra periodistas; los obstáculos para el acceso a la información; los problemas para ejercer el periodismo de manera independiente, tanto del Estado como de grupos de poder; agresiones a las que se les ha agregado el espionaje ilegal y la reforma judicial, así como la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), durante las administraciones de la 4T.
Kaye es profesor de Derecho, director de la Clínica de Derecho Internacional de la Universidad de Irvine, en California, y exrelator especial de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, de 2014 a 2020, mandato bajo el cual realizó una visita in situ a México, en conjunto con su homólogo de la CIDH , Edison Lanza, en 2017.
Carolina Botero es abogada colombiana, experta en derecho constitucional, derecho internacional de los derechos humanos y justicia transicional, fundadora de la organización no gubernamental de derechos humanos Dejusticia; es directora de la Cátedra Unesco en Libertad de Expresión de la Universidad de Los Andes; relatora de Libertad de Expresión de la CIDH entre 2008 y 2014, y en 2010 realizó una visita conjunta a México con el entonces relator especial de la ONU, Frank La Rue.
Durante el panel, Kaye recordó que en la visita en la que participó con Edison Lanza, revisaron el avance de las recomendaciones que habían hecho siete años antes Botero y La Rue, entre ellas las relacionadas con la creación de lo que después se convirtió en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y el combate a la impunidad.
Destacó que, durante su visita en 2017, a los problemas relacionados con la violencia contra los periodistas, se les sumaba el de acceso a la información, “porque el gobierno ocultaba información”, y la independencia de los medios, se sumaba el espionaje de periodistas y defensores a través de Pegasus, lo que derivó en la recomendación de realizar una investigación independiente sobre el espionaje.
“Debo decir, con mucha tristeza, que los problemas mayúsculos que habíamos encontrado Catalina y yo, Catalina en 2010 y yo en el 2017, siguen estando presentes en la agenda en México, debo decir que en este momento las cosas no sólo no están mejor, sino que están peor.
“No solamente está el problema del espionaje y de los ataques a los periodistas y la manipulación de la información, sino que además vemos que el Poder Judicial, el acceso a la información y la Fiscalía, todos se encuentran bajo mucha presión y amenazas también, y la libertad de expresión no solamente requiere que el gobierno haga mejor su trabajo, sino que también las instituciones apoyen esta libertad de expresión, pero, como decía, desde hace varios años, no solamente no está mejor sino que ha empeorado”, sostuvo el exrelator especial.
Al señalar que, si bien el uso de Pegasus se usó en varios países, destacó que lo que distinguió a México fue su uso en el tiempo no sólo contra periodistas, sino contra defensores de derechos humanos y funcionarios públicos, convirtiéndose en “una herramienta para poder limitar y amenazar la libertad de los periodistas y de los defensores de derechos humanos, no hay ninguna restricción de cómo se utiliza, hay impunidad, no hay ni siquiera rendición de cuentas”.
David Kaye manifestó su preocupación por la iniciativa a telecomunicaciones presentada por la presidenta Carla Sheinbaum, sobre todo por el poder que se le daría al gobierno de “cerrar y bloquearlas sin ningún tipo de restricción y por cualquier motivo, sin ninguna restricción por parte del Poder Judicial”, lo que se traduce en “censura directa y esto es por supuesto una muy grande violación a los derechos humanos dentro del Sistema Interamericano, dentro del sistema Internacional que va a llevar a los gobiernos a apartarse de la libertad de expresión en los espacios digitales”.
Catalina Botero explicó que la situación sobre la libertad de expresión ha empeorado en México: “Hay una amenaza seria a las instituciones encargadas de proteger la libertad de expresión”, entre ellas el Poder Judicial ya que “cada tres semanas en México demandan o denuncian a un periodista por hacer su trabajo, a través de demandas civiles, o de denuncias penales, o de recursos de amparo”.
Al abundar sobre la preocupación que genera la elección de integrantes del Poder Judicial, el próximo 1 de junio, Botero consideró que “se está destruyendo la autonomía del Poder Judicial, que es la última barrera de protección de la prensa”.
La experta resaltó que a ello se agrava la desaparición de siete instituciones autónomas, entre ellas el INAI y el IFETEL, “que fueron creadas para defender la libertad de expresión”, promovidas por la sociedad civil y que han sido desmanteladas.
Botero destacó que “el desmonte” de las instituciones democráticas orientado a una mayor concentración el poder del gobierno en turno, entre ellos el Poder Judicial, no tiene más destino que “el abismo”.
“Un país sin autonomía del poder judicial, es un país que está condenado al abismo, no es posible que una democracia sobreviva, si no hay autonomía e independencia del poder judicial.
“La presidenta tendría que tomar las decisiones que un país como México requiere para no comenzar un proceso de retroceso democrático porque lo que está visto es que Morena en el Congreso no va a hacer la tarea y tiene las mayorías. Entonces, o la presidenta da un giro de timón o esto se va al abismo”, sostuvo Carolina Botero.
La experta insistió en el gran riesgo que implica la elección de miembros del Poder Judicial el próximo 1 de junio, al no haber garantías de que el crimen organizado tenga el control, como ocurría en su país.
“Si esto pasara en Colombia, el 40% de los jueces serían puestos por el crimen organizado. ¿Quién garantiza que en México eso no sea así? Y eso para la defensa de la libertad de expresión. Si el narco pone al juez, ¿quién va a garantizar que ese periodista que está haciendo las investigaciones no sea protegido o incluso condenado por investigaciones serias sobre el narcotráfico? Lo que está pasando es realmente grave”, apuntó.
Para la abogada en materia de libertad de expresión y democracia, “México no era un ejemplo en 2010 cuando yo vine, pero era una democracia, aunque frágil, inestable y difícil, en construcción. Hoy es un ejemplo de lo que no se debe hacer”.
