Multas que duplican a las actuales, indagatorias más cortas, herramientas de investigación más fuertes y un trato preferencial a las empresas estratégicas del Estado son algunas de los cambios que plantea el Ejecutivo en su iniciativa de reforma a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), radicada esta semana en la Cámara de Senadores.
“México es un país en el que durante décadas las empresas y los grandes capitales impusieron las condiciones bajo las que se desarrollaría la economía”, dice la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto, fechada el 24 de abril, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y continúa: “En esta nueva etapa del desarrollo nacional, es fundamental corregir los abusos de poder, que se habían convertido en una norma, por parte de grupos que solo veían por sus intereses a costa del bienestar de los mexicanos”.
El Ejecutivo dijo que los monopolios “crearon un país donde las empresas no tuvieron que preocuparse por el bienestar compartido” y afirmó que “ciertos grupos de empresarios y políticos se adueñaron de sectores y regiones completas del país… impidiendo el desarrollo de nuevas empresas”.
La iniciativa con proyecto de decreto busca dar cumplimiento a la reforma constitucional promulgada en diciembre del 2024 que prevé la desaparición de diversos organismos autónomos, para delegar sus funciones en nuevas instancias dependientes de la administración pública federal. Entre las instituciones que desaparecerán figuran la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Este lunes la presidenta Sheinbaum reiteró que tiene la expectativa de que tanto la nueva LFCE como la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, sean aprobadas por el Congreso en el actual período de sesiones, que concluye este 30 de abril.
Este jueves la segunda fue dictaminada en comisiones senatoriales con los votos de Morena y aliados, pero la nueva LFCE no había sido publicada aún en la Gaceta del Senado hasta este jueves.
La iniciativa de la nueva LFCE prevé la aplicación de multas por hasta 20% de los ingresos de los agentes económicos que hayan cometido prácticas monopólicas absolutas y por hasta 15% para quienes hayan cometido prácticas monopólicas relativas.
La LFCE vigente, reformada en el 2014, prevé sanciones por 10% y 7%, respectivamente.
La realización de concentraciones ilícitas también quedaría penada con hasta 15% de los ingresos del infractor y la misma multa aplicaría para quienes incumplan condiciones impuestas para las concentraciones.
En ambos casos las multas actuales equivalen a 7% de las ventas del agente económico señalado.
La nueva LFCE prevé la creación de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), que remplazaría a la Cofece.
Se trata de un organismo descentralizado de la Secretaría de Economía, con independencia técnica en cuanto a decisiones, organización y funcionamiento.
Tal como la actual Cofece, se regiría por un órgano colegiado, solo que ya no tendría siete, sino cinco personas comisionadas, cuyos encargos tendrían una duración de siete años.
La designación de cada una de estas la haría el Ejecutivo y la ratificación, el Senado. Los nombramientos serían escalonados.
Dentro de la CNA se conservaría la separación entre la autoridad encargada de realizar las indagatorias antimonopolio y el pleno, encargado de determinar las resoluciones finales de los casos.
La iniciativa contempla acortar el plazo máximo para la realización de investigaciones de prácticas monopólicas, que hoy es de hasta cinco períodos de 120 días, para que sea de solo cuatro períodos de 120 días.
También se proponen nuevas sanciones a los agentes investigados por impedir visitas de verificación por parte de la Autoridad Investigadora, que pueden alcanzar las 200,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La nueva LFCE acercaría la lupa a las concentraciones, pues ahora se podrían investigar efectos anticompetitivos de concentraciones no notificables por su umbral monetario de hasta tres años de antigüedad, cuando ahora el plazo es de solo un año.
Acorde con otra reforma constitucional, la relativa a industrias estratégicas del Estado –promulgada en octubre del año pasado–, la que se perfila como nueva LFCE establece que sus lineamientos no se aplicarán a las empresas públicas del Estado.
Ello significa que empresas como Petróleos Mexicano (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no podrían ser investigadas ni sancionadas por prácticas de abuso de poder sustancial de mercado.
Como se había anticipado, se especifica también que la nueva instancia competente en materia de competencia de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión será la CNA.
La CNA también será la encargada de declarar preponderancia en ambos mercados, lo que significa que analizará si existe una participación de 50% + 1% en el sector.
En tanto, la regulación asimétrica será impuesta, supervisada y sancionada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Finalmente, el proyecto de decreto establece que, en tanto se integra el nuevo Pleno de la CNA, la Cofece continuaría sus funciones.
Además, marca que los procedimientos iniciados hasta antes de la integración del nuevo órgano de gobierno continuarán su trámite conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
También se prevé la continuidad en el cargo del titular de la Autoridad Investigadora y que los recursos humanos de la Cofece pasarían a formar parte de la CNA.
