La diputada María del Rosario Orozco Caballero, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el propósito de fortalecer el principio de igualdad sustantiva dentro de la estructura gubernamental.
La propuesta busca modificar el nombre de la actual Secretaría de las Mujeres para convertirse en la Secretaría de la Igualdad Sustantiva, con el fin de garantizar un enfoque más amplio, incluyente y transversal en las políticas públicas de equidad de género.
En la exposición de motivos, la diputada resaltó la importancia del lenguaje en la administración pública, al considerar que las palabras utilizadas para nombrar instituciones reflejan su misión y alcance.
En ese sentido, argumentó que el cambio de denominación no es solo un ajuste nominal, sino una adecuación necesaria para dotar a la dependencia de una visión más integral alineada con la evolución de las políticas públicas en materia de derechos humanos y equidad de género.
El fundamento de la iniciativa se encuentra en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce la igualdad sustantiva como un derecho fundamental.
La diputada explicó que esta perspectiva va más allá de la igualdad ante la ley, pues implica garantizar condiciones reales para que todas las personas, independientemente de su género, puedan ejercer plenamente sus derechos. Destacó que la administración pública debe reflejar este principio no solo en la legislación, sino también en la estructura de sus instituciones.
Recordó que la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de elevar el Instituto Nacional de las Mujeres a una Secretaría fue un paso importante en la institucionalización de políticas de género. Sin embargo, consideró que es momento de avanzar hacia un modelo más amplio, dado que la lucha por la equidad no debe limitarse únicamente a la protección de las mujeres, sino abordarse desde una perspectiva estructural que atienda todas las formas de desigualdad.
El objetivo de la reforma es ampliar el alcance de las políticas públicas de igualdad, al reconocer que centrar su enfoque exclusivamente en la mujer puede dejar fuera a otras poblaciones que también sufren discriminación, como las personas no binarias, los hombres en situaciones de vulnerabilidad y aquellas comunidades que enfrentan desigualdades estructurales por razones de orientación sexual, identidad de género o condiciones socioeconómicas.
Para que la modificación del nombre tenga un impacto real, la diputada enfatizó la necesidad de transformar la forma en que se diseñan y ejecutan las políticas públicas en esta materia. Consideró fundamental que la perspectiva de igualdad sustantiva se incorpore en todas las dependencias gubernamentales y no solo en una secretaría específica.
Además, propuso que las políticas se enfoquen en transformar las condiciones estructurales que generan desigualdad, lo que implica reformas en materia laboral, medidas para garantizar el acceso equitativo a oportunidades económicas y educativas, así como la promoción de la corresponsabilidad en el trabajo de cuidados.
También resaltó la importancia de que esta dependencia atienda de manera integral las problemáticas de diversos sectores de la población que enfrentan discriminación. La nueva secretaría, además de velar por la equidad de género, deberá incorporar estrategias dirigidas a combatir otras formas de desigualdad relacionadas con discapacidad, etnicidad y situación socioeconómica.
Para que estas políticas sean efectivas, la diputada subrayó la necesidad de establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan medir el impacto de las acciones implementadas, así como garantizar la participación ciudadana en la construcción de una agenda incluyente.
Más allá del lenguaje, el cambio propuesto implica una transformación en la manera en que el Estado aborda las desigualdades, pues pasar de una Secretaría de las Mujeres a una Secretaría de Igualdad Sustantiva permitiría consolidar una agenda gubernamental más incluyente y eficaz, alineada con compromisos internacionales en materia de derechos humanos y equidad de género.
Desde una perspectiva legal, la iniciativa propone reformar la fracción XXI del artículo 26 y el primer párrafo del artículo 42 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estableciendo formalmente la Secretaría de la Igualdad Sustantiva como la instancia responsable de impulsar políticas orientadas a la equidad de género en todos los ámbitos del gobierno.
Finalmente, el proyecto de decreto establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor de la reforma, para armonizar el marco jurídico con las nuevas disposiciones.
La diputada concluyó que, aunque un cambio de nombre podría parecer superficial, cuando se acompaña de una transformación estructural y un enfoque integral, se convierte en un paso decisivo hacia una sociedad más justa y equitativa.
