A fin de garantizar a las mujeres trabajadoras una vida libre de violencia, removiendo las barreras que impiden la igualdad sustantiva en el mundo laboral, los diputados Alma Lidia de la Vega Sánchez y Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario de Morena propusieron una iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, en materia de derecho a una licencia laboral para mujeres víctimas de violencia de género.
La incorporación de una licencia laboral para mujeres víctimas de violencia de género “encuentra sustento en diversos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales que consagran el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y a la no discriminación, así como la obligación del Estado de garantizar dichos derechos”, sostienen.
El documento refiere que la violencia de género afecta a una proporción significativa de mujeres en México y tiene repercusiones directas en el ámbito laboral. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 7 de cada 10 mujeres mexicanas (70.1 por ciento) han experimentado al menos un episodio de violencia a lo largo de su vida, siendo la psicológica la más frecuente (51.6 por ciento), seguida de la sexual (49.7 por ciento).
Estos datos señalan los legisladores, evidencian la dimensión del problema: “millones de mujeres trabajadoras enfrentan violencia de género que pone en riesgo su bienestar, estabilidad laboral y desarrollo profesional”. Argumentaron que la violencia puede manifestarse de múltiples formas en la vida laboral de las mujeres, desde el acoso sexual y el hostigamiento hasta agresiones físicas o presiones psicológicas que afectan su desempeño.
También indicaron, abarca la violencia doméstica o de pareja que, si bien ocurre fuera del centro de trabajo, repercute profundamente en la vida laboral de las víctimas: “mujeres en situación de violencia suelen ausentarse por razones médicas o legales, presentan disminución en la productividad por secuelas emocionales, e incluso pueden perder su empleo debido a las consecuencias de la violencia sufrida”, expusieron.
En ese tenor, argumentaron que la gravedad del problema no se limita a lo individual, sino que tiene también un alto costo socioeconómico. Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha estimado que las consecuencias de la violencia contra las mujeres –como el ausentismo, la rotación de personal, la baja productividad y los gastos de atención médica– pueden costar a los países alrededor de 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En tanto que, en México, se calculó que en un solo año la violencia contra las mujeres implicó pérdidas económicas por más de 245 mil millones de pesos (aproximadamente 1.4 por ciento del PIB) en costos de salud, seguridad y productividad (…) “En el ámbito laboral, la ausencia de medidas con perspectiva de género frente a la violencia se traduce en desventajas adicionales para las mujeres, reforzando brechas de género preexistentes”, indicaron.
En ese sentido, la propuesta plantea la importancia de robustecer el marco normativo ante la falta de protección laboral específica para las mujeres trabajadoras que son víctimas de violencia de género. Pues actualmente, “muchas mujeres en esta situación enfrentan el dilema de conservar su empleo o atender las consecuencias de la violencia: denunciar al agresor, obtener medidas de protección, recibir atención médica o psicológica, reubicar a su familia”, entre otros.
Además, se expone que la ausencia de una figura legal como la licencia laboral por violencia de género, deja a las víctimas sin un amparo normativo claro: pueden ser sancionadas o despedidas por ausencias justificadas por su situación de violencia, o verse obligadas a renunciar ante la imposibilidad de conciliar su seguridad personal con sus obligaciones laborales.
Lo anterior, agrava su vulnerabilidad, perpetúa el círculo de la violencia e implica costos adicionales para las empresas y la economía, al perderse fuerza de trabajo capacitada y al incrementar la rotación de personal. Además, se indica, la situación actual representa tanto un vacío legal y de política pública que esta reforma pretende subsanar, garantizando estabilidad laboral y respaldo institucional a las mujeres trabajadoras víctimas de violencia de género.
“Abordar esta problemática exige un enfoque de igualdad sustantiva y derechos humanos, reconociendo que la violencia de género es a la vez causa y consecuencia de la desigualdad entre mujeres y hombres. Desde una perspectiva de género, la violencia contra las mujeres no es un asunto privado, sino un fenómeno estructural que refleja relaciones de poder desiguales”, exponen los diputados en dicha iniciativa.
“La licencia laboral por violencia de género propuesta no es un privilegio, sino un mecanismo de justicia y equidad. Proteger a quienes han sobrevivido violencia mientras siguen adelante con su vida productiva es, en esencia, afirmar su derecho a vivir sin miedo y con plenas oportunidades”, expresaron.
Por lo que la creación de una licencia laboral especial “es precisamente una medida administrativa y legal para proteger a la víctima en el ámbito de su empleo, facilitando el acceso a la justicia -al brindarle tiempo para acudir ante autoridades-, y evitando que sea revictimizada con la pérdida de su sustento económico”, manifestaron los legisladores federales.
