Integrantes de organizaciones en defensa de mujeres migrantes exigieron al gobierno de Claudia Sheinbaum una verdadera política pública que efectivamente respalde a personas que corren el riesgo de ser deportadas de Estados Unidos y a quienes han sido retornadas forzadamente a México.
En conferencia de prensa delegadas del Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi) de México, y de Justice for Migrant Women de Estados Unidos, alertaron que lejos de dar asistencia jurídica a los connacionales en Estados Unidos, los consulados mexicanos están rebasados y sólo apoyan proporcionando listas de abogados pro bono a quienes solicitan apoyo legal.
Rossy Antúnez de Imumi, quien hace más de diez años fue retornada a México de Estados Unidos de manera obligada, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum escuchar de viva voz a mujeres deportadas para diseñar una política pública que atienda de manera efectiva a la población retornada, ante la política migratoria del presidente Donald Trump.
“La estrategia de ‘México te abraza’ en la realidad es un eufemismo, no es una política pública”, dijo la defensora al señalar que con el de Sheinbaum sería el cuarto sexenio en el que se mantiene la “crisis de deportación masiva” desde Estados Unidos en la que no hay “ninguna atención de parte del gobierno mexicano hacia los connacionales repatriados, en práctica esta estrategia no es vinculante legalmente porque no es una política pública”.
Al coincidir con sus colegas de que en las mujeres migrantes cae la responsabilidad de integración de las familias tanto en el extranjero como cuando son retornadas a sus países de origen, Antúnez cuestionó la eficacia del programa lanzado por la presidenta Sheinbaum supuestamente para paliar el impacto de las deportaciones del gobierno estadunidense.
“Lo que están haciendo es aglomerar a las instituciones en la frontera, en las carpas ponen a funcionarios de las secretarías de Educación, de Bienestar, de Salud, pero la gente no se está quedando en la frontera, sino que tratan de regresar a sus comunidades de nacimiento y lo que encuentra es que estás comunidades están controladas por el crimen organizado y faltan oportunidades de trabajo”.
Apuntó que muchas de las personas deportadas están “en situación de calle en la Ciudad de México, donde se piensa que no existen, pero están sufriendo las consecuencias de la deportación y muchas veces de la separación familiar, lo que impacta en la salud de mental de las personas y en particular de las mujeres, quienes son las que más sufren por las personas que se quedaron en Estados Unidos”.
La defensora de Imumi destacó que, ante la separación familiar, su organización ha recibido denuncias de mujeres que desde hace diez años fueron deportadas y sus hijos se quedaron en Estados Unidos por ser ciudadanos de ese país, siendo maltratadas por el gobierno mexicano.
“Muchas de las mujeres no tramitan la doble nacionalidad de sus hijos, y cuando han sido deportadas y piden ayuda a la Secretaría de Relaciones Exteriores para recuperar la custodia, lo que se encuentran es con funcionarios que les dicen que no les pueden ayudar porque sus hijos son extranjeros.
“Recientemente, con la amenaza de las deportaciones, los consulados están rebasados, no pueden atender las solicitudes para registrar la doble nacionalidad y si las personas necesitan asistencia legal, les dan una lista de abogados pro bono, no hay una política pública para proteger la estructura familiar ni para la reunificación familiar, no hay una visión más amplia”, puntualizó.
Las defensoras explicaron que, en el ámbito laboral, la política antimigrante del gobierno de Donald Trump está generando mayores abusos contra personas migrantes que llegaron a Estados Unidos a partir de contratos establecidos desde sus países de origen, que no son denunciados por miedo.
Librada Paz, de Justice for Migrant Women, dijo que a partir de la llegada de Trump se han multiplicado los abusos contra migrantes, entre ellos “los contratados en México, en Haití o Jamaica, que van a Estados Unidos y que son millones, incluso sabemos de mexicanos que abusan de ciudadanos mexicanos, que prefieren callar a denunciar los abusos”.
Sobre las versiones de que la economía estadunidense se está viendo afectada por la falta de trabajadores migrantes, la defensora consideró que “la administración Trump no se fijó ni le importó quiénes son los que trabajan, por ejemplo, en el sector agrícola, no le importó hacer deportaciones cuando lo que se está enfrentando es falta de trabajadores porque tienen miedo a salir a trabajar, y la ciudadanía estadunidense no va a hacer la labor de los migrantes”.
Laura Cortés, integrante de Imumi que llegó a México procedente de Colombia, llamó a la presidenta Sheinbaum a corregir la política migratoria para extranjeros que pretenden adoptar a nuestro país como suyo.
Alertó que, ante la discriminación y xenofobia entre los mexicanos, agudizada en los últimos años por el incremento de la presencia de personas migrantes procedentes de América Latina, el gobierno mexicano tampoco hace nada para agilizar la entrega de documentación en la tramitación de permisos de trabajo.
Gretchen Kuhner, directora de Imumi, recordó que el Estado mexicano es el responsable de velar por la seguridad de las personas que están en el territorio, con papeles o no, por lo que reprobó que se toleren actos de violencia contra personas migrantes incluidos abusos sexuales y feminicidios.
Al señalar que ya han tenido encuentros con la secretaria de la Mujer, Citlali Hernández, Kuhner insistió en llamar al gobierno de Sheinbaum a diseñar en conjunto una política de Estado, con presupuesto incluido, para dar respuesta real a las necesidades de las mujeres y personas en general que han sido deportadas a México.
Claudia De la Rocha, abogada de Justice for Migrant Women, explicó que, como organización civil, están alertas en la defensa de las personas migrantes y buscan la tramitación de un amparo para que se otorguen permisos de trabajo a migrantes mexicanos.
La directora de la organización en Estados Unidos, Mónica Ramírez, anunció que continuarán las reuniones entre las organizaciones para encontrar estrategias efectivas para enfrentar la política migratoria de Donald Trump.
