Por Víctor Barrera
Se ha determinado la desaparición de siete organismos, lo que debe sr un punto de partida, del gobierno de Claudia Sheinbaum y por supuesto de los legisladores del partido oficial y sus aliados para establecer, lo antes posibles las leyes secundarias que permitan conocer como operarán las dependencias que asuman las funciones de estos organismos, con el objetivo de seguir cumpliendo con los objetivos que tenían estos organismos.
Si en el corto plazo no se integran estas leyes secundarias se permitirá crear un ambiente que podría afectar aún más la situación económica que e vive en el país.
Recordemos que estos organismos, fueron un contrapeso de algunas decisiones de gobierno y comerciales que afectaban a la población y de no determinar no solo las reglas y normas con que se trabajará de hoy en adelante, sino también poner sus limitantes, para evitar que simplemente sean una burocracia pesada para la población.
El gobierno de Claudia Sheinbaum y los legisladores serán quienes tienen la oportunidad de enderezar, lo que hasta ahora han destruido y que se movieron más con objetivos de venganza e ideológica que a favor de encontrar soluciones que permitan un mayor crecimiento, con libertades comerciales a favor del desarrollo y movilidad social en México.
Si estos organismos os autónomos, de acuerdo a los argumentos de los legisladores de Morena, PT y PVEM, fueron más un avance de corrupción que de transparencia, ahora les toca a ellos establecer esas reglas que impidan que la corrupción siga imperando en el uso de los recursos públicos.
Porque es importante señalar que cuando se habla de la erradicación de la corrupción, significa que el gobierno federal y todos aquellos que reciben recursos públicos, están obligados a otorgar la información necesaria para transparentar su uso y con ello evitar que la opacidad o la falta de rendición de cuentas sea el “caldo de cultivo” de la corrupción.
Se deberá evitar que se utilicen argumentos como “de seguridad nacional” para no otorgar cuentas claras del manejo de los recursos de todos los mexicanos. Es decir, desde ahora en adelante, los funcionarios públicos no deberán pensar que los recursos públicos son suyos o son una chequera abierta para utilizar esos recursos como les venga en gana, sino tendrán que justificar cada centavo que se utilice y que esto tenga un beneficio para toda la población.
Esperemos entonces que todos esos legisladores que han manifestado su orgullo de pertenecer a la llamada 4T se ciñen en realidad a sus principios y que trabajen a favor de la gente. Que estos legisladores acudan a sus centros laborales, no solo a pasar lista, sino a proponer soluciones a los problemas que aún persisten en el país.
Que no tengan ningún pretexto para no acudir, personalmente y no a través de sus celulares o tabletas, a las reuniones de sus comisiones o sesiones de pleno. Que no pongan pretexto alguno para no realizar su trabajo.
Esperemos también que cada funcionario público presente su declaración patrimonial y que en verdad sea auditado, porque en ocasiones sus riquezas personales superan, por mucho al total de sus ingresos devengados por los años laborales.
Que los funcionarios públicos no utilicen los recursos públicos para servirse a ellos mismos y que cada licitación que realice el gobierno federal sea transparente y nada por asignación directa.
La transparencia es la mejor arma para erradicar la corrupción y la honestidad su principal valor
