Al advertir que en México “el constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón”, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, manifestó que “como autoridades y como gobernados, como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir las leyes que de ella emanan, la conservación y el respeto a la democracia, al Estado de Derecho, a la división de poderes, a la colaboración entre ellos, a la independencia judicial y a los derechos fundamentales, son los elementos básicos de un estado constitucional”.
En la apertura de los trabajos del XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en Ciudad Universitaria, la titular de la SCJN añadió que “no por el simple hecho de tener una Constitución en sentido formal se puede hablar de la existencia de un estado constitucional y democrático de derecho, no debemos olvidar que en la Constitución debe estar cimentada la organización y el funcionamiento de nuestra República representativa, democrática y federal”.
Piña Hernández dijo ante sus pares en Iberoamericana que “en las últimas semanas hemos sido testigos de un amplio y diverso abanico de pronunciamientos tanto a nivel nacional como internacional en torno a las implicaciones y repercusiones de la reforma judicial en México (…) subrayando la trascendente necesidad de un análisis profundo sobre el impacto de la reforma en la impartición de justicia y sobre todo en los derechos de las personas, en la división de poderes y en la conformación misma de un estado constitucional y democrático de derecho”.
Muy destacadamente la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación nos ha llamado la atención: “Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo; la politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y en la erosión de la certeza jurídica no solo afecta a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país’”.
“No cabe duda, de que los Derechos Humanos están en riesgo cuando el poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado. Es también una verdad evidente y uno de los propósitos de un poder Judicial independiente es proteger los derechos humanos, y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos. La independencia judicial como patrimonio de la humanidad está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas, la independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la Judicatura para que las personas tengan certeza de que aún hay jueces”, subrayó la ministra Piña.
“La democracia constitucional implica, por tanto, no solo una mera gobernabilidad, sino una gobernabilidad democrática entendida como el gobierno de una comunidad plural de ciudadanos en libertad, el gobierno de un todo de mayorías y de minorías, donde se escucha a todos y donde no sé desoye a nadie. Un gobierno en suma, donde se garantizan los derechos fundamentales universales, interdependientes indivisibles y progresivos del ser humano. Por ello debemos seguir trabajando por la independencia y autonomía del poder Judicial”, enfatizó.
“Una justicia pronta, completa e imparcial es un derecho de todas las personas, millones de ellas hoy día están esperando que se resuelvan sus conflictos mediante sentencias que involucran, lo que es importante para su proyecto de vida, para vivir con dignidad, con libertad con plena confianza, en qué la justicia está y debe estar siempre a su servicio, al margen de los más perniciosos vaivenes y de las prácticas denigrantes (…) los jueces y las juezas también hablamos por nuestras sentencias y como lo sostenido en muchas oportunidades en México hemos hablado mucho y para bien de nuestra sociedad”, destacó la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Finalmente, Piña Hernández subrayó que “al defender la democracia constitucional no solo luchamos por la preservación de la forma de gobierno establecida por nosotros y por nuestros antepasados en el Constituyente de 1824, sino que también honramos la esencia misma de nuestra humanidad asegurando que los derechos sigan siendo una realidad tangible para las generaciones presentes y futuras, cimentando un legado de respeto, de libertad y de Justicia para todos”.
En el acto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, recalcó que la Constitución ha sido un “instrumento de estabilidad y progreso desde las primeras cartas magnas hasta las más recientes, reflejan el constante anhelo por garantizar un estado de derecho que defiende la libertad y la dignidad de las personas; el congreso que hoy inauguramos se convierte en un foro inmejorable para cuestionar, repensar y fortalecer las bases de nuestros sistemas jurídicos”.
Al advertir que en México “el constitucionalismo está sujeto a fuertes golpes de timón”, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, manifestó que “como autoridades y como gobernados, como ciudadanos tenemos la obligación de cumplir las leyes que de ella emanan, la conservación y el respeto a la democracia, al Estado de Derecho, a la división de poderes, a la colaboración entre ellos, a la independencia judicial y a los derechos fundamentales, son los elementos básicos de un estado constitucional”.
En la apertura de los trabajos del XVI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en Ciudad Universitaria, la titular de la SCJN añadió que “no por el simple hecho de tener una Constitución en sentido formal se puede hablar de la existencia de un estado constitucional y democrático de derecho, no debemos olvidar que en la Constitución debe estar cimentada la organización y el funcionamiento de nuestra República representativa, democrática y federal”.
Piña Hernández dijo ante sus pares en Iberoamericana que “en las últimas semanas hemos sido testigos de un amplio y diverso abanico de pronunciamientos tanto a nivel nacional como internacional en torno a las implicaciones y repercusiones de la reforma judicial en México (…) subrayando la trascendente necesidad de un análisis profundo sobre el impacto de la reforma en la impartición de justicia y sobre todo en los derechos de las personas, en la división de poderes y en la conformación misma de un estado constitucional y democrático de derecho”.
Muy destacadamente la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación nos ha llamado la atención: “Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo; la politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y en la erosión de la certeza jurídica no solo afecta a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país’”.
“No cabe duda, de que los Derechos Humanos están en riesgo cuando el poder, de cualquier tipo, no puede ser contenido, frenado y controlado. Es también una verdad evidente y uno de los propósitos de un poder Judicial independiente es proteger los derechos humanos, y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos. La independencia judicial como patrimonio de la humanidad está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas, la independencia y la responsabilidad de las y los jueces son elementos fundamentales para fomentar y mantener la confianza de la sociedad en la Judicatura para que las personas tengan certeza de que aún hay jueces”, subrayó la ministra Piña.
“La democracia constitucional implica, por tanto, no solo una mera gobernabilidad, sino una gobernabilidad democrática entendida como el gobierno de una comunidad plural de ciudadanos en libertad, el gobierno de un todo de mayorías y de minorías, donde se escucha a todos y donde no sé desoye a nadie. Un gobierno en suma, donde se garantizan los derechos fundamentales universales, interdependientes indivisibles y progresivos del ser humano. Por ello debemos seguir trabajando por la independencia y autonomía del poder Judicial”, enfatizó.
“Una justicia pronta, completa e imparcial es un derecho de todas las personas, millones de ellas hoy día están esperando que se resuelvan sus conflictos mediante sentencias que involucran, lo que es importante para su proyecto de vida, para vivir con dignidad, con libertad con plena confianza, en qué la justicia está y debe estar siempre a su servicio, al margen de los más perniciosos vaivenes y de las prácticas denigrantes (…) los jueces y las juezas también hablamos por nuestras sentencias y como lo sostenido en muchas oportunidades en México hemos hablado mucho y para bien de nuestra sociedad”, destacó la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Finalmente, Piña Hernández subrayó que “al defender la democracia constitucional no solo luchamos por la preservación de la forma de gobierno establecida por nosotros y por nuestros antepasados en el Constituyente de 1824, sino que también honramos la esencia misma de nuestra humanidad asegurando que los derechos sigan siendo una realidad tangible para las generaciones presentes y futuras, cimentando un legado de respeto, de libertad y de Justicia para todos”.
En el acto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, recalcó que la Constitución ha sido un “instrumento de estabilidad y progreso desde las primeras cartas magnas hasta las más recientes, reflejan el constante anhelo por garantizar un estado de derecho que defiende la libertad y la dignidad de las personas; el congreso que hoy inauguramos se convierte en un foro inmejorable para cuestionar, repensar y fortalecer las bases de nuestros sistemas jurídicos”.
