Por Víctor Barrera
Van 8 días de la nueva administración federal en México y al parecer empiezan a estallar los problemas que dejo sin solución la pasada administración
La inseguridad, sigue siendo el principal problema a resolver, porque este se incrementa cada día y de no establecer una política pública de seguridad, más allá de los abrazos, para evitar los balazos, es muy probable que esta inseguridad siga creciendo y que, en algunas zonas del país, la gobernabilidad no la aplique quienes legalmente fueron elegidos para ello, sino de otros grupos.
Otro problema a resolver es crear una estabilidad de las finanzas públicas, que a pesar de afirmarse que su manejo fue con prudencia, la realidad es distinta.
El endeudamiento adicional de 7 billones de pesos que ha dejado el gobierno anterior presiona de manera impactante a las finanzas públicas.
Si a esto sumamos cuatro rubros de gasto que no pueden eludirse, como son la nómina de los empleados del sector público, los intereses a pagar de la deuda interna y externa, las participaciones federales a los estados y municipios y las pensiones de los trabajadores del IMSS e ISSSTE así como de los jubilados de Pemex, CFE, IMSS y el personal militar que ocupan el 70 por ciento del presupuesto público federal.
A esto se debe agregar los recursos que demandan los llamados programas sociales, que ahora son constitucionales y por tanto ineludibles y por supuesto deberán ejercerse recursos que permitan concluir lo ante posible las mega obras que posiblemente no dejen una utilidad financiera para el Estado, porque muchas de ellas son administradas por las fuerzas armadas y por supuesto los recursos generados serán para ellos.
Pero también se destinarán recursos hacia Pemex, porque esta es una tarea más ideológica que razonada, igual que los recursos que se destinarán a CFE
Y a pesar de las finanzas públicas son débiles y comprometidas, hasta ahora no se ha hablado de una reforma fiscal tributaria que implique un esfuerzo recaudatorio vía fiscalización, para obtener que cubran los nuevos gastos, como son los planes de infraestructura y otros programas sociales de Claudia Sheinbaum.
A todo esto, se agrega el desastre que se deja con la reforma al Poder Judicial, que también exigirá recursos para llevarse a cabo y a cambio solo dejará una incertidumbre creciente entre los inversionistas y una posible calificación negativa de las agencias financieras internacionales.
Pero habremos de esperar que el Paquete Económico que se enviará al Congreso tenga la altura de miras para reducir el déficit fiscal de 6 a 3 por ciento, aumentar la confianza de los inversionistas y realizar un gasto publico adecuado para alcanzar el crecimiento económico por encima del 2 por ciento., con una inflación menor al 3 por ciento
