Por Víctor Barrera
En México se siguen presentando señales de desaceleración económica, que podrían impactar en el crecimiento económico y para evitar esto se deberá establecer una estrategia que evite caer en crisis económicas y financieras.
Sin embargo, en México, al parecer poco les importan estas señales y el poder Ejecuto, como el Legislativo están empecinados a seguir aplicando una estrategia que, ya demostró su ineficacia y que poco contribuye a sacar de la pobreza a millones de mexicanos.
Las señales claras son, un debilitamiento del consumo interno, que significa que las familias mexicanas no tienen el suficiente dinero para comprar siquiera lo más indispensable, derivado del índice alto de inflación. Entonces se requieren resortes, políticas públicas que empujen a los sectores productivos, para obtener un impulsó y empezar a crear riqueza que evite la utilización de programas sociales como el elemento principal para alentar el consumo interno. Algo que permitiría, en lo interno que la inversión se reactive y con ello provocar mayor producción
En este contexto, las previsiones de crecimiento, no solo de instituciones financieras privadas, sino también del Banco de México, revisan a la baja sus previsiones de crecimiento de la economía mexicana para 2024-2025 y de un 2.5 que se estimaban se coloca en 1 por ciento.
Por lo expuesto, el poder Ejecutivo y el Legislativo deberían estar pensando en establecer no solo políticas públicas que den impulso y alienten la inversión y producción, sino también las leyes necesarias para otorgar la confianza suficiente para que los inversionistas, coloquen sus capitales en el país.
Pero ocurre todo lo contrario, están empecinados en aprobar una reforma judicial que traerá más negativos que positivos, como son mayor gasto público, para la realización del proceso para elegir a ministros, magistrados y jueces, que significan realizar un recorte al presupuesto federal para tener esos recursos. Dejando sin recursos suficientes a otros sectores que podrían aportar en la creación de riqueza y no de gasto.
La reforma judicial, de aprobarse, impactaría en la confianza de los inversionistas, porque nadie confiaría en un país donde el poder Judicial tomara decisiones con tintes ideológicos, a favor del Ejecutivo y no valorados bajo una justicia equitativa.
a favor de un crecimiento
En segundo lugar, mostraría que el marco regulatorio, que parte del poder Legislativo también estaría sesgado a favorecer decisiones, incorrectas de un poder Ejecutivo. Esto es ningún inversionista estaría en el ánimo de entrar en una lucha jurídica ante un gobierno que tiene un poder absoluto y por consecuencia un juicio ganado.
Esto podría provocar una baja en la entrada de inversión privada, y ninguna nación puede desarrollarse de manera rápida con solo recursos públicos. Porque estos principalmente deberán usarse para satisfacer las necesidades de los servicios que el Estado debe proporcionar a la población, como es salud, educación, agua, energía eléctrica, y otros tantos que permitan un bienestar y mejorar la calidad de vida de la población.
