El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) hizo un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que reconsidere su decisión de no interponer una acción de inconstitucionalidad contra la reforma judicial.
El instituto argumentó que dicha reforma incorpora aspectos que resultan violatorios de los derechos humanos tales como: la inserción de la figura de los jueces sin rostro o de identidad reservada, ya declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la limitación de los efectos del juicio de amparo tanto en la suspensión como en el fondo, cuando se reclame la inconstitucionalidad de normas generales; así como aquellas que afectan la independencia judicial y, por tanto, el derecho a la tutela efectiva de las personas.
Indicó que como lo ha sostenido la CIDH, es obligación de todos los órganos del Estado mexicano adoptar las medidas de protección de los derechos humanos, bajo el principio de máxima tutela, y tratándose de la protección de derechos fundamentales, hay límites para la democracia, ya que los Estados deben controlar que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción sean respetados y garantizados, pues un adecuado control de convencionalidad a nivel interno fortalece su eficacia.
El IFDP mencionó que el acceso a la justicia de las personas es un derecho llave para el disfrute de otros derechos, por lo que su garantía es indispensable en un régimen democrático, además de tener una función clave en la construcción de paz.
