Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI no acompañan y votarán en contra de la reforma que pone a la Guardia Nacional en manos del Ejército, porque vulnera el Sistema de Seguridad y el Sistema de Defensa Nacional queda endeble, pues una buena parte de sus efectivos van a ser dedicados, entrecomillado, a la policía, generando una doble afectación.
En un comunicado, el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, exigió al gobierno que suspenda la discusión, que esperen a la nueva presidenta, que vea los lugares donde hay historias de éxito y que dialogue con las y los gobernadores, al tiempo que llamó a los mandatarios estatales a asumir su responsabilidad.
Durante la sesión ordinaria, en Tribuna, al posicionar por la bancada, la diputada Lorena Piñón Rivera aseveró que su grupo parlamentario no puede ser cómplice de este desmantelamiento institucional disfrazado de estrategia de seguridad.
Exhortó a trabajar en el fortalecimiento de las instituciones civiles, en mejorar las condiciones sociales que generan violencia, y en construir un México donde la paz y la seguridad sean el resultado de una sociedad justa y un Estado de derecho fuerte, no de omnipresencia militar.
Luego de cuestionar la disposición de la mayoría oficialista para ser la generación de políticos que entregó la seguridad pública de México a los militares, advirtió que esta propuesta no solo ignora las lecciones de nuestra historia, sino que también pone en riesgo tanto a las fuerzas armadas como a la población civil.
Reclamó por el tipo de mensaje que se envía al mundo de que México es incapaz de mantener la seguridad sin recurrir a una militarización permanente y sus instituciones civiles son tan débiles que deben entregarse al control militar.
Recordó que la creación de la Guardia Nacional en 2019 fue un acto de buena fe, un intento de todas las fuerzas políticas por abordar la crisis de seguridad, pero lo que hoy se presenta, dijo, es una traición a ese espíritu de colaboración.
Destacó que esta reforma deja sin resolver cuestiones cruciales, ya que no anota cómo se fiscalizará a una Guardia Nacional militarizada, qué pasará con la jurisdicción en casos de abusos contra civiles, cómo se garantizará que no se erosione la confianza entre la población y las fuerzas de seguridad.
“Esta reforma no sólo contradice los acuerdos que alcanzamos en 2019 y 2022, sino que representa un retroceso. Los que están a favor de esto, tomarán otra mala decisión que desfigurará aún más el rostro de la seguridad en México por generaciones”, sentenció.
Al inicio de la sesión, el diputado federal Samuel Palma César presentó una moción suspensiva para no discutir el dictamen de la reforma a la Guardia Nacional por ser violatorio del Artículo 1 de la Constitución Política, así como de resoluciones y sentencias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las diputadas y los diputados del grupo parlamentario presentarán 43 reservas al dictamen, entre las que Moreira Valdez plantea que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar pueda ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar, fortalecer las capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales, así como realizar informes semestrales del uso de la Guardia Nacional en acciones de seguridad pública, con indicadores cuantificables y verificables.
