Colectivos de medio ambiente del sureste del país demandaron a 5 empresas que han participado en la construcción del Tren Maya y les exigen una reparación de los daños ambientales por 27 mil millones de dólares, unos 572 mil 147 millones de pesos.
La demanda de carácter civil está a cargo de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), y busca que todas las empresas contratadas paguen la reparación del daño.
La cifra se estimó con base en un estudio científico con participación de 60 científicos, quienes se mantienen en el anonimato para proteger su seguridad. Las fallas en cuanto a permisos y estudios se concentraron principalmente en las obras de los tramos 4 y 5 del Tren Maya.
De acuerdo con el abogado, la falta de alguno de los requisitos cómo permisos o estudios ambientales en cualquiera de los tramos bastaría para parar la obra en su totalidad.
Las empresas demandadas son Grupo México, Acciona infraestructuras y México Proyectos y Desarrollos (Tramo 5 sur); ICA constructora, ICA constructora e infraestructura (Tramo 4).
La demanda fue promovida por 53 personas de diversos colectivos ecologistas de la zona del sureste que prefieren omitir su identidad por seguridad, luego de que han recibido amenazas e incluso agresiones físicas.
Sobre el interés de demandar a las empresas, resaltó que se busca frenar el enriquecimiento de estas empresas mediante proyectos que carecen de legalidad y ni respetan el medio ambiente.
Actualmente, las obras del tramo 5 del Tren Maya están suspendidas luego de que un juez en Yucatán concediera dos suspensiones provisionales, una para el tramo de Playa del Carmen a Tulum y una segunda para el segmento completo desde Cancún a Tulum.
Los amparos se promovieron para exigir el respeto a los derechos al medio ambiente y la seguridad jurídica.
Para ambos casos, se convocó a una audiencia el próximo 27 de mayo donde se notificará si se suspende o no la ejecución de las obras de manera definitiva.
Sobre estos amparos, el abogado de ONRE dijo que si bien no representan algún respaldo de fondo a la demanda, en términos de ánimo para el poder judicial pueden ser un respaldo para pronunciarse con apego a la ley y sin presiones políticas sobre la obra del Tren Maya.
