Sin sorpresas, la Corte Suprema de Venezuela convalidó este jueves la reelección del presidente Nicolás Maduro a pesar de las denuncias de fraude de la oposición, que consideró “nula” la decisión de este tribunal cuya independencia cuestiona.
Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “certificar” el resultado de las elecciones del 28 de julio, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó vencedor con 52 por ciento de los votos. La oposición asegura haber ganado estos comicios y acusa tanto al TSJ como al CNE de servir al chavismo.
La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral a cargo del caso, Caryslia Rodríguez, leyó la sentencia que “certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031“.
La magistrada citó un informe técnico que concluyó que “los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación” y “mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización”. El fallo es inapelable.
Liderada por María Corina Machado, la oposición asegura que su candidato Edmundo González Urrutia ganó con 67 por ciento de los votos y publicó en una web copias de las actas que, sostiene, lo prueban. El chavismo ha dicho que el material es “forjado“.
A los pocos minutos del fallo, González Urrutia reaccionó en la red social X: “Nula, la soberanía reside instransferiblemente en el pueblo“, dice una ilustración que muestra un documento judicial, acompañado por la etiqueta “No usurparán la verdad“.
Ya la propia Machado y González Urrutia habían adelantado el miércoles, en una carta avalada por la coalición opositora Plataforma Unitaria, que considerarían “ineficaz y nula” una eventual sentencia que “pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer“.
Juristas coinciden en que este procedimiento era improcedente, al sostener que la corte suprema asume atribuciones que corresponden al CNE.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen la proclamación de Maduro para lo que sería un tercer mandato.
Una misión independiente de la ONU para evaluar la situación de derechos humanos en Venezuela cuestionó la independencia de las instituciones venezolanas.
La misión alertó sobre “la falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”, según un mensaje divulgado en X por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Machado agradeció “esta firme e inequívoca posición”. “No existe maniobra que pueda otorgarle un ápice de legitimidad a Nicolás Maduro”, agregó la dirigente.
Maduro acusa a González Urrutia y Machado de promover la violencia e incitar un golpe de Estado en su contra, tras las protestas que estallaron al conocerse el resultado con saldo de 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2 mil 400 detenidos.
El mandatario pidió cárcel para ambos y la fiscalía ya abrió una investigación penal.
Maduro cuenta con la “lealtad absoluta” del alto mando de la Fuerza Armada, que ha descartado llamados de la oposición para apoyarlos.
El Parlamento, también controlado por el chavismo, impulsa una serie de leyes que incluye una legislación contra el fascismo -término que el gobernante chavismo suele usar para descalificar a sus adversarios- y una para regular las redes sociales. La plataforma X está bloqueada en Venezuela desde el pasado 8 de agosto.
Ya fue votada una ley de fiscalización de oenegés, criticada por activistas de derechos humanos.
