Sectores de la sociedad civil y empresariales alzaron la voz este sábado para exigir a las autoridades un alto a la violencia que ha escalado con delitos de alto impacto en la ciudad de Tijuana, en Baja California.
La violencia, que ha arreciado en los últimos dos meses en la frontera norte de México con Estados Unidos,sha dejado un saldo de al menos cinco asesinatos y siete agresiones con arma de fuego al interior de bares, restaurantes y en algunas calles de la zona turística de la ciudad, ubicada a solo un kilómetro del puerto internacional fronterizo de San Ysidro.
Entre ellos, los sucedidos en el parque acuático ‘El Vergel’, donde el pasado 10 de julio una familia fue agredida a balazos, con el resultado de tres mujeres y dos menores de edad lesionados; así como el asesinato de un aficionado a las afueras del estadio de futbol del equipo profesional de Xolos, al finalizar un partido.
Edgardo Flores, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, lamentó que se presenten este tipo de incidentes, que consideró son “una afrenta a la autoridad, independientemente para quienes estén dirigidos los atentados”.
“La delincuencia hace lo que hace porque se puede, porque hay un plano de impunidad, porque no hay consecuencias, pero también porque hay un escenario y un entorno que no es favorable”, manifestó.
Señaló que no se ha cumplido en la fronteriza Tijuana con la promesa de seguridad y criticó las labores de las fuerzas de seguridad locales y la presencias dela Guardía Nacional para atender la inseguridad.
“Si no hay análisis, labores de infiltración, operaciones encubiertas y de inteligencia real que permitan tener capacidad físico-activa para poder emprender acciones de combate a la inseguridad, y si la Guardia Nacional solo se dedica a patrullar, no va a resolver el problema de la inseguridad”, sostuvo Flores
“Nosotros no vemos una coordinación franca entre el estado, el municipio y la federación”, añadió, sobre la inseguridad en la segunda ciudad más poblada de México, con casi 2 millones de habitantes en la frontera con Estados Unidos.
Heriberto García, quien ha desempeñado cargos en el ámbito jurídico, en el servicio público y en la defensa de los derechos humanos, dijo que el sistema de justicia en el país no ayuda para garantizar la seguridad en general, lo que se ve reflejado en Tijuana, porque “cada quien hace (de la seguridad) como Dios le dio a entender o como sus intereses le convengan”.
Detalló que para que un sistema funcione tienen que confluir tres elementos: “Personal calificado, leyes idóneas, infraestructura y equipamiento”.
“Y si falta alguno de los tres, fallará todo el sistema”, advirtió.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Comerciantes Turísticos de la Avenida Revolución, Carlos Robles, refirió que, pese a la coordinación con la policía turística, las cámaras de seguridad en las calles y los botones de seguridad, la situación de violencia se ha desbordado en el primer cuadro de la ciudad.
“Me preocupa que el turismo ha bajado mucho. Una avenida tan visitada esta fecha por el turismo y que pasen estos problemas han afectado y es muy preocupante. Empresarios, comerciantes y ciudadanos nos tenemos que reunir con los tres niveles de gobierno para ver qué soluciones se deben tomar, porque, si no, vamos a acabar muy afectados todos”, consideró.
El pasado miércoles, diversos organismos sociales y sectores empresariales llevaron a cabo una vigilia por la seguridad en Tijuana y para pedir por la paz, derivado de estos acontecimientos violentos.
Fueron cientos de personas las que, vestidas de negro y con veladoras, manifestaron de forma pacífica su preocupación “ante este flagelo que asola a toda la sociedad” y su descontento ante “las estrategias fallidas que han instrumentado los distintos niveles de gobierno, las cuales no han dado los resultados esperados”.
