Ante el aumento de casos y uso de nuevas tecnologías para el robo de información personal, el diputado federal de Morena, Miguel Ángel Pérez Navarrete, propuso tipificar el delito de usurpación de identidad.
“En la actualidad vivimos una revolución tecnológica que redefine la forma en que millones de personas experimentan su vida cotidiana, junto con estos avances se ha generado una situación preocupante que consiste en la proliferación de nuevas formas de delincuencia, abusos que requieren respuestas legislativas adecuadas”, argumentó.
Por lo que plantea reformar el artículo 430 del Código Penal Federal para castigar a quien comete ese delito por cualquier medio, incluyendo el uso de nuevas tecnologías digitales, se apropie, transfiera, utilice o disponga de datos personales de otra persona sin autorización del titular, generando daño moral o patrimonial, así como obteniendo lucro o provecho indebido para sí mismo o para terceros.
Pérez Navarrete expresó que la reforma establece que la persona responsable de ese ilícito será sancionada con prisión de uno a ocho años, y con una multa de 50 a 200 veces el valor diario de la UMA.
Comentó que los delincuentes cibernéticos han desarrollado la clonación de voces basadas en inteligencia artificial de última generación, dando lugar a una nueva modalidad de estafa.
“Con tan solo una breve muestra de audio tiene la capacidad de replicar la voz de prácticamente cualquier persona, permitiéndoles dejar mensajes fraudulentos en buzones de voz o enviar grabaciones por servicios de mensajería”, alertó.
Añadió que, en la mayoría de los casos, su objetivo principal es inducir sus víctimas a realizar pagos de elevadas cantidades de dinero.
Aunado a conductas que lesionan la dignidad de las personas a través de la creación de imágenes íntimas falsas y el robo de datos financieros con propósitos políticos a través de la denostación y la mentira.
Insistió que la usurpación de identidad está experimentando un alarmante incremento según datos proporcionados por el Banco de México, que indican que el país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este tipo de transgresiones.
Detalló que 67 por ciento de los casos de usurpación de identidad en el territorio nacional se atribuye a la pérdida de documentos; el 66 por ciento, al robo de carteras y portafolios; y el 53 por ciento a la obtención directa de información de tarjetas bancarias.
“En este contexto, es imperativo proporcionar una respuesta jurídica que garantice la implementación de medidas destinadas a mitigar los riesgos asociados con la manipulación de inteligencia artificial, que permita preservar la confianza en el entorno digital y garantizar un uso ético y responsable de estas tecnologías innovadoras en el área digital en constante evolución”, apuntó.
