Para prevenir la discriminación hacia personas que viven con virus de inmunodeficiencia humana (VIH), mejor conocido como SIDA, y asegurar sus derechos, Oscar Octavio Moguel Ballado, legislador de Movimiento Ciudadano impulsa reformar los artículos 133 y 134 de la Ley Federal del Trabajo.
De esta forma se prohíbe a los patrones o a sus representantes exigir a las y los trabajadores la realización de exámenes de diagnóstico de SIDA, para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, y exceptuar a las y los empleados de realizarse dichos estudios dentro de sus obligaciones.
En su iniciativa, que fue enviada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, explica que, según el INEGI, 26.2 por ciento de la población mayor a 18 años no estaría dispuesta a contratar a una persona que vive con este padecimiento.
“Eso no sólo es una suposición, sino que refleja una de las principales barreras de exclusión que enfrenta la población con VIH en México”
Agregó que, de acuerdo, al Consejo Nacional para Prevenit la Discriminación (Conapred) entre 2014 y septiembre de 2020, se registraron 334 incidentes de presunta discriminación dirigidos a personas afectadas por el virus. De este conjunto, 64 por ciento representó quejas dirigidas hacia individuos particulares, mientras que 36 por ciento se centró en funcionarios públicos.
Argumenta el cenecista, que la discriminación relacionada con la condición de salud, específicamente aquella vinculada a vivir con VIH, se asoció con la discriminación basada en la orientación sexual en uno de cada seis casos y con la discriminación de género en uno de cada 10. Las personas afectadas experimentaron discriminación en el ámbito laboral (40 por ciento) y en el sector de la salud (33 por ciento).
Mientras que, según el Conapred, una manera en que las empresas y empleadores discriminan y atentan contra los derechos de las personas que viven con la enfermedad es obligarlas a someterse a pruebas de detección, a veces sin su consentimiento, durante los procesos de contratación y ascenso laboral, además de utilizar estos resultados para excluir a aquellos que su diagnóstico es positivo.
Pese a que desde 2015 el organismo estableció que llevar a cabo pruebas de detección del VIH como requisito para obtener empleo y utilizar los resultados en el proceso de selección viola el derecho al trabajo, a la igualdad y no discriminación, estas prácticas persisten.
Ante este panorama y en razón de que en el país cerca de 250 mil personas viven con el virus, lo que significa que 4 de cada mil personas la tienen y un gran número de individuos forman parte de grupos que han sido históricamente estigmatizados, lo cual los expone a un mayor riesgo de enfrentar discriminación en múltiples dimensiones, “es esencial abordar esta problemática desde diversas perspectivas”.
Indica que es crucial que se establezcan derechos y deberes explícitos en la legislación laboral que contribuyan a asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que conviven con el SIDA.
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