Las instituciones mexicanas siempre se ponen de acuerdo cuando es para avanzar en la igualdad de todas y todos, y generar condiciones para que la democracia no sea vista como una diferente, débil o en riesgo, destacó la magistrada presienta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso.
Durante la firma de dos acuerdos con la Cámara de Diputados, la titular de la máxima autoridad electoral, dejo en claro que las instituciones están al servicio de la ciudadanía, y éstas están más allá de cualquier interés particular, ideológicas o partidistas.
Soto Fregoso, agregó que la democracia mexicana cuenta con un alto estándar a nivel internacional, y en el tema de combate a la violencia hacia las mujeres esta nación -dijo- avanza con relación a otros países del mundo.
Al referirse a los acuerdos, la magistrada explicó que uno es en materia académica, orientado a fortalecer la igualdad sustantiva, y un segundo para institucionalizar la coordinación entre los dos poderes respecto de las notificaciones electrónicas de las sentencias que resuelven medios de impugnación.
Buscan fortalecer la igualdad de género
Por lo que, sin duda, estos contribuirán a fortalecer la igualdad y paridad de género en los procesos electorales.
Por su parte, el magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña, dijo que son las sentencias del Tribunal Electoral las que han cambiado el rostro de la política mexicana en materia de paridad y han abierto el camino a la lucha contra la violencia política de género.
Mencionó que con este convenio deben de conversar como instituciones buscando que se perfeccione la legislación en materia de género, ya que en cierto momento se tendrá que adoptarse una reglamentación que regularice la paridad electoral en los tres niveles de gobierno.
Destacó que la firma de estos convenios permitirá avanzar hacia legislaciones que regulen los temas de violencia política de género, así como las causales de nulidad en una elección, que diga cómo aplicarla en ayuntamientos, a nivel de los Congresos locales y el federal, pero también en la Presidencia de la República.
Por otro lado, terminar de regular los temas de violencia política de género, porque curiosamente cuando se expidieron las reformas legales en política de género, “pues a las pocas semanas nos dimos cuenta de que la ley se había quedado corta”.
A su vez, Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, abundó que, como parte del convenio, se brindará asesoría y apoyo técnico para el desarrollo de estudios con perspectiva de género y la organización de foros, talleres, seminarios y conferencias relacionadas con la justicia electoral, los derechos humanos de las mujeres y de los grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, para programas y actividades de capacitación en materia de erradicación de la violencia política.
Además, se considera la impartición de diplomados y posgrados en materia electoral con perspectiva de género.
