A fin de que toda persona tenga el derecho humano a ser buscada en los términos que las leyes fijen; que las autoridades garanticen de manera rápida, expedita y urgente dicho derecho, y pueda ser exigido también por quienes se consideren víctimas, la diputada Karen Michel González Márquez (PAN) presentó una iniciativa.
El documento, que reforma el artículo 4º de la Constitución Política, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, considera vital que el Estado garantice el derecho a ser buscado a cualquier persona, generando cada vez más mecanismos que ayuden a salvaguardar la integridad de las personas buscadoras y de los desaparecidos para garantizar su paradero.
Indica que México es uno de los países con más personas desaparecidas en el mundo. Refiere que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se registraron 112 mil 449 son personas desaparecidas y no localizadas en el periodo que comprende del 1 de enero de 1962 al 13 de octubre de 2023. De ese total, 99 mil 335 son personas desaparecidas, y 13 mil 114 personas no localizadas. 13 mil 728 fueron localizadas sin vida.
Entre enero de 2006 y septiembre de 2023 se contabilizaron un total de 95 mil 900 personas desaparecidas o no localizadas en México, de los que más de 70 por ciento son hombres.
González Márquez argumenta que la crisis de personas desaparecidas en México es un fenómeno social y político que afecta a miles de familias y comunidades en todo el país. Las consecuencias son devastadoras para las víctimas y sus familiares, quienes sufren una violación grave de sus derechos humanos y una vulneración de su dignidad.
Ante esa situación, abunda, diversos actores sociales han exigido al Estado mexicano que asuma su responsabilidad de prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones, así como garantizar la verdad, la justicia y la memoria para las víctimas.
Expone que el derecho humano a ser buscado se refiere al conjunto de normas, principios y mecanismos que garantizan el derecho de las personas desaparecidas y sus familiares a conocer la verdad sobre su paradero, su identidad y su destino, acceder a la justicia y a la reparación integral del daño.
“Este derecho se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad humana y en el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción. Este derecho se ha desarrollado a partir de la experiencia de miles de familias que han sufrido la desaparición forzada o involuntaria de sus seres queridos en el contexto de la violencia, la inseguridad y la impunidad que prevalecen en el país”, añade.
Puntualiza que el reconocimiento de este derecho humano en la Constitución Política no solamente sería un reconocimiento a las familias de personas desaparecidas en el país, sino que genera un nuevo paradigma de protección a quienes día con día buscan a sus familiares desaparecidos.
