En la Cámara de Diputados, se lanzó un llamado a visibilizar y a actuar con urgencia de la violencia obstétrica que en México afecta más de 30 por ciento de las mujeres de 15 a 49 años.
Durante un conversatorio en la materia, organizado en la sede del recinto, la diputada del PRI, Mariana Nassar, manifestó que ese tipo de violencia debería catalogarse de manera adecuada en todo el país.
“Importante que tengamos todos en el radar los datos oficiales, al final lo que no se mide pues no se puede mejorar, y en ese sentido de acuerdo con datos oficiales se estima que 3 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia obstétrica, me parece un dato alarmante”, alertó.
Según la OMS, la violencia obstétrica es aquella que sufren las mujeres durante el embarazo y el parto al recibir un maltrato físico, alguna humillación, abuso verbal o procedimiento médicos coercitivos o no consentidos”, abundó.
Señaló que de acuerdo a encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los últimos cinco años un tercio de las mujeres en el país que tuvieron un parto o bien una cesárea, sufrieron algún tipo de agresión y maltrato por parte del personal que las atendió.
Indicó que las mismas cifras revelan que en casos de cesárea, 33 por ciento de las pacientes en esas circunstancias son víctimas de violencia.
Las entidades donde más se cometen ese tipo de conductas, añadió, son San Luis Potosí, Tlaxcala y la Ciudad de México; mientras que el número de muertes gestacionales, es decir, donde fallece el recién nacido, son nuevamente San Luis Potosí, Ciudad de México y Aguascalientes.
Nassar Piñeiro agregó que desde marzo del año pasado, la Cámara envió al Senado una minuta de reforma a la Ley General de Salud y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, para combatir el ilícito, pero aún no ha sido atendida.
Recordó que desde 2008, entidades como Oaxaca, Puebla y Durango, integraron a sus leyes el concepto de violencia obstétrica.
Y aunque actualmente, más entidades prevén ese concepto en sus leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el cual se caracteriza como la forma de violencia de género que afecta derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, provocan la pérdida de la autonomía personal y trato inhumano en servicios de salud, falta que esa conducta se tipifique como delito en los códigos penales.
Los estados que han avanzado en ello son Veracruz, Chiapas, Estado de México, Quintana Roo y Guerrero, pero en la mayoría de las entidades no hay disposiciones legales para tratar la problemática.
La diputada Nassar recalcó que la Legislatura termina en agosto de 2024, por lo que hay tiempo de que los senadores aprueben el proyecto previamente avalado en San Lázaro.
Indicó que si bien, el personal de salud hace su mayor esfuerzo y trabaja en condiciones de saturación, hay quienes incumplen con la ética y faltan a los principios médicos, de priorizar el trato digno a los pacientes.
En consecuencia, indicó, se pide a los prestadores de servicios médicos a nivel público y privado, combatir y prevenir el maltrato inhumano y violento contra las mujeres.
Garantizar la aplicación adecuada de criterios como los consentimientos informados y firmados, para practicar operaciones cesáreas.
Informar puntualmente a la paciente sobre los alcances y consecuencias de esas intervenciones y otros procedimientos asociados, para que den su consentimiento libre e informado.
Respetar la autonomía de la mujer, su integridad y su decisión en ejercicio de sus derechos a la salud reproductiva.
Garantizar que una persona de la elección de la mujer, la acompañará durante el parto.
Así como garantizar el acceso a la justicia en casos de violencia obstétrica, permitir investigaciones imparciales y exhaustivas de las denuncias, asegurar el acceso a la reparación del daño y la debida indemnización.
De igual modo, dijo, se exige a los profesionales de salud prohibir que las mujeres sean sometidas a “esterilización forzada” y que las instituciones del ramo, promuevan campañas informativas en la materia.
