El Poder Judicial, en específico la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está pidiendo un presupuesto de seis mil 109 millones de pesos para 2024; mientras que el Consejo de la Judicatura, propuso acceder a 74 mil 793 millones de pesos el año entrante, expuso la Oficial Mayor del alto tribunal, Gisela Morales. En suma, ambos organismos solicitan un presupuesto de 80 mil 902 millones de pesos, indicó.
En reunión con integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, previa a la aprobación de los Egresos para el año entrante, Morales González aseguró que esos órganos sí aplican medidas de racionalización y ahorros en el gasto.
Morales González señaló que se justifica el presupuesto por 80 mil 902 millones, que contempla una partida de 466 millones de pesos para crear 45 nuevos órganos jurisdiccionales, así como seis nuevos centros de justicia penal, así como los mil 600 millones de pesos para la creación de plazas.
Los recursos se usarán, entre otros fines, para dar cumplimiento a las reformas constitucionales y leyes referentes al Poder Judicial, aprobadas recientemente en el Congreso.
Durante las intervenciones de los congresistas, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT), bombardearon a los representantes del Poder Judicial con cuestionamientos y críticas.
Les hicieron pasar aprietos al presentarles “otros datos” en materia de gasto, como los cuatro millones de pesos en jardines del Poder Judicial, cuando ninguna de sus instalaciones tienen jardines.
También, por los mil 600 millones de pesos para crear plazas, solicitados en 2024, cuando en 2023, por ese mismo rubro pidieron tres mil millones de pesos que, en los reportes de la Secretaría de Hacienda, aparecen con gasto en “ceros”.
Los congresistas afirmaron que en los últimos cinco años, el dinero acumulado para crear plazas, reportadas en “cero” ante Hacienda, suma entre 13 mil y 15 mil millones de pesos cuyo gasto no está aclarado.
“¿Qué han hecho con este recurso aprobado en la Cámara de Diputados?”, lanzó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Erasmo González.
“Fíjense, en el 2018, en la partida 16102, Creación de Plazas, solicitaron 3 mil millones de pesos; en el 2019, 1.5 mil millones de pesos; en el 2020, 1.3 mil millones de pesos; en 2021, 1.8 mil millones de pesos; en 2022, 2.7 mil millones de pesos; en el 2023, 3 mil millones de pesos y en el 2024, 1.6 mil millones de pesos”, les leyó el diputado González Robledo.
En respuesta, los representantes del Poder Judicial señalaron que si bien en los reportes a Hacienda ese rubro aparece en “ceros”, los millones se han enviado al capítulo mil del gasto, correspondiente al pago de salarios al personal.
A la pregunta de si el ingreso mensual bruto de consejeros de la Judicatura es de 460 mil pesos; el de magistrados de distrito, de 374 mil pesos; y el de jueces de distrito de 337 mil 500 pesos, planteada por el diputado morenista Hamlet García, que también sacó a la discusión el gasto de cuatro millones de pesos en “jardines” inexistentes, la Oficial Mayor de la Corte confirmó los datos.
“Esos montos son iguales para todos, magistrados de Sala Superior, consejeros y ministros”, dijo.
“¿Los montos son correctos?”, insistió el diputado García Almaguer.
“Sí, sí, sí y son correctos porque están en su Anexo 23, que forma parte de este proyecto de presupuesto y que ha formado parte de el los últimos años, forma parte del Manual de Remuneraciones que se publica todos los años, efectivamente y forma parte del analítico de plazas y tabulador que usted también tiene del Consejo y que es igual para el Tribunal y para la Corte, o sea, sí, esos montos son los que son”, respondió.
Morenistas y petistas también criticaron la solicitud de más de dos mil 700 millones de pesos para servicios de vigilancia para los más de 696 inmuebles del Poder Judicial en todo el país.
La diputada de Morena, Ana Elizabeth Ayala hizo cuentas y dijo que si la cantidad se divide, el gasto en ese rubro sería de 450 millones al mes.
Acto seguido, les recomendó reducir al 15 por ciento esas erogaciones, al considerar que con esa ínfima suma será suficiente para proteger al personal del Poder.
Los diputados dijeron a sus invitados a reunión de trabajo que el Poder Judicial gasta mucho y no rinde cuentas y tampoco tiene contrapesos.
Al justificar la petición presupuestal del año siguiente, la Oficial Mayor de la Corte y otros representantes del Poder Judicial, intentaron defenderse.
Aseguraron que el Alto Tribunal y la Judicatura sí rinden cuentas del uso de los recursos a su alcance, ya que notifican sus gastos a Hacienda, que los integra a sus informes trimestrales y también se publican en sus distintos portales de internet.
De 2017 a la fecha, aseguraron, el Judicial presenta una tendencia a la baja en sus peticiones presupuestales.
En 2022, tuvo ahorros por austeridad equivalentes a mil 337 millones de pesos.
Este 2023, ya fueron enterados a la Tesorería de la Federación, 50 millones de pesos, como parte de la política de uso racional del gasto, argumentó la Oficial Morales González.
Presupuesto del Poder Judicial, a la baja
En su presentación inicial, la funcionaria reiteró que la tendencia presupuestal a la baja reportada desde 2027, muestra que los recursos otorgados a la Judicatura han disminuido 13 por ciento en promedio; y 21 por ciento en promedio, para la Suprema Corte.
Manifestó que en términos nominales, el presupuesto planteado por la Corte para el año siguiente, tendría un crecimiento de 8.5 por ciento, y en términos reales de sólo 3.3 por ciento.
Insistió en que en la instancia judicial también hay medidas de racionalidad y austeridad, el ejercicio de los recursos autorizados está en 99 por ciento promedio, de modo que no hay subejercicios.
Refrendó que los fideicomisos y fondos del Poder Judicial, cuya extinción ya avanzó en el Congreso de la Unión, no eran ilegales y se crearon desde la década de 1990, cuando las normas en materia de responsabilidad hacendaria lo permitían.
