La propuesta, turnada a las comisiones de Justicia para dictamen, y a la de Igualdad de Género, para opinión, busca evitar la persecución penal derivada del derecho humano al aborto, en concordancia con la resolución de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar todas las normas en la materia.
En su argumentación, señala que el derecho al aborto debe ser una decisión de la persona gestante, por lo que es primordial que se prevalezca la igualdad y la no discriminación hacia quienes toman la decisión de interrumpir su embarazo, ya que su autonomía reproductiva no debe ser una limitante para su desarrollo personal.
Afirma que las gestantes no deben ser perseguidas penalmente si toman la decisión de interrumpir su embarazo, porque esto las pone en riesgo y se les limitan sus derechos humanos que son progresivos y universales.
Rojo Pimentel considera que es fundamental reconocer que la carga moral y social que orilla a las mujeres al aborto aumentan por factores como la pobreza y la falta de oportunidades de educación, trabajo y un entorno que no les brinda protección.
Por ello, enfatiza que no se debe penalizar el aborto ni limitar a las jóvenes o adultas su libertad sexual y reproductiva, sino crear un nuevo enfoque que les proporcionen el derecho a la salud y les brinden las facilidades para llevar a cabo un aborto seguro e igualitario.
Subraya que, en México, se ha planteado con mayor fuerza el tema del aborto durante la última década, un asunto que tiene complicaciones políticas, jurídicas, socioeconómicas y de salud, las cuales han impedido que se vea como un derecho que no puede ser limitado ni obstruido.
La diputada Rojo Pimentel afirma que los esfuerzos deben enfocarse en la protección de los derechos de las mujeres, tanto para recibir información sobre métodos anticonceptivos como para una reproducción asistida o interrupción del embarazo.
