En la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ignacio Mier, presentó su propuesta de reforma para ajustar el presupuesto del Poder Judicial, eliminando prácticamente la totalidad de los 14 fideicomisos y fondos con los que cuenta.
Al detallar que la intención es recuperar para las arcas públicas, los más de 20 mil 500 millones de pesos que acumulan esos instrumentos financieros, el congresista indicó que el planteamiento no afectará la independencia ni la autonomía de ese Poder.
“Con esta iniciativa de reforma al artículo cuarto transitorio, lo que queremos es garantizar la rendición de cuentas y la austeridad. En síntesis, establece que sólo uno de los 14 fideicomisos que se integran dentro del Poder Judicial de la Federación, que es el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, constituido por el Consejo de la Judicatura Federal, uno de los seis que tiene y el resto se reintegren íntegros a la Tesorería de la Federación”, explicó.
Mier Velazco manifestó su intención de que la propuesta de modificación a un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sea aprobada rápidamente, en un lapso de aproximadamente 2 semanas, para que sus términos apliquen al momento de iniciar la discusión del presupuesto 2024.
Lo anterior, en la antesala de la presentación de la entrega del proyecto de presupuesto para 2024, que el próximo viernes 8 de septiembre, se prevé, haga el titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP), Rogelio Ramírez de la O.
El proyecto de reformas a un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé eliminar 13 de 14 fondos y fideicomisos del Poder Judicial, a fin de conservar sólo el que está previsto en su Ley Orgánica, y que está en manos del Consejo de la Judicatura Federal.
El proyecto implicaría conservar sólo el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia, que únicamente tiene 700 millones de pesos.
Justificó su intención de quitarle al Poder Judicial cerca de 20 mil millones de pesos, al asegurar que esos recursos acumulados no han sido utilizados más que en un 6 por ciento.
“No los han usado, los han usado para vivir de quien suda el dinero, viven de rendimientos financieros”, advirtió.
Establece que la extinción de los fondos y fideicomisos que resguarden recursos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales que conforman derechos adquiridos, deberá respetar los compromisos contractuales cubriendo los montos destinados específicamente para el pago de las prestaciones señaladas.
Una vez que se cumplan esos compromisos, los recursos públicos remanentes, incluyendo los que sean productos de rendimientos bancarios, deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
El planteamiento agrega que el Judicial no podrá crear más fondos y fideicomisos que los permitidos por su ley.
Textualmente, la reforma indica que dentro del Poder Judicial de la Federación “no podrán existir otros fondos y fideicomisos de los que expresamente prevea la Ley Orgánica” respectiva.
Contempla que el Poder Judicial tendrá un año para extinguir o terminar los fideicomisos que no se apeguen a la norma.
Las obligaciones y compromisos derivados de esos instrumentos, se cubrirán con los recursos acumulados en los mismos.
El planteamiento también refiere que son 14 los fideicomisos que administra el Poder Judicial, seis corresponden a la Suprema Corte, seis al Consejo de la Judicatura y dos al Tribunal Electoral.
En suma, acumulan más de 20 mil 516 millones de pesos, que son utilizados para mantener las prestaciones de los ministros, consejeros y magistrados, a lo largo de su vida.
De acuerdo a las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los fideicomisos y fondos del Poder Judicial, estos no se apegan a los principios de austeridad y racionalidad, sino que han sido utilizados para acumular recursos públicos.
Advierte que esa situación es irregular y debe corregirse, para que la administración del Poder Judicial se racionalicé, y cubra sus gastos en prestaciones y pasivos laborales con los recursos que anualmente se le asignan en el presupuesto de egresos.
Recalca que en el Poder Judicial hay falta de transparencia sobre el manejo de sus instrumentos financieros.
En la argumentación, la propuesta indica que la intención del proponente es construir un Poder Judicial “independiente, imparcial y eficaz, auditable y austero“.
Recalca que la falta de austeridad en la Corte y otros organismos del Poder Judicial, está afianzando la percepción negativa entre la sociedad, agravada por los excesos en ese ámbito, que ya no son “fáciles de tolerar“.
Hace referencias a información periodística respecto a que los sueldos y prestaciones de los ministros de la Corte en particular, son excesivos.
Indica que ganan más de 297 mil pesos al mes, al año cobran un aguinaldo de más de 586 mil pesos, cuentan con prima vacacional anual de más de 95 mil pesos, tienen recursos para alimentación por 60 mil pesos mensuales, aunado a que al año tienen un pago por riesgo de trabajo de más de 640 mil pesos.
A esas sumas, se agregan apoyos para medicamentos destinados a los ministros y sus cónyuges, por 189 mil pesos al año; así como un apoyo para lentes de los ministros, sus cónyuges e hijos, de 3 mil pesos al año por cada uno de los integrantes de su familia.
Los ministros tienen un presupuesto para contratación de personal de oficina de 5.5 millones de pesos mensuales; la Corte también da un estímulo por antigüedad de mil pesos mensuales, así como un pago por defunción de 1.1 millones de pesos, y 30 mil pesos más de ayuda de gastos funerales, dice el proyecto.
De igual modo los seguros de vida de los ministros de la Corte son de 12 millones de pesos; los seguros de gastos médicos tienen una cobertura de 30 millones de pesos en adelante; el seguro de separación individualizado puede oscilar entre el dos y el 10 por ciento del sueldo del ministro, porcentaje que la Corte duplica, por lo que esos montos podrían acumular hasta 20 millones de pesos al momento del retiro.
También tienen apoyos materiales como el derecho a dos autos blindados a renovar cada dos años; apoyos para gasolina por 22 mil pesos mensuales y apoyos para servicios de peaje autopista por una cantidad limitada.
Nuevo papel del Poder Judicial
El documento señala que el país está en un momento de “refundación institucional“, basada en la vocación “por lo social“, donde la respuesta de la Suprema Corte será fundamental para construir una nueva legitimidad del poder judicial ante la población.
Agrega que la legitimidad de ese poder, se sustentará en que mantenga su independencia y autonomía, pero también una “relación de respeto” con esos otros poderes, “con apertura y colaboración armónica para cumplir con las demandas ciudadanas“.
Dice que la legitimidad referida se logrará, con la independencia y autonomía, imparcialidad, eficacia, rendición de cuentas y también, con austeridad.
