Por Víctor Barrera
La petición realizada por la magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, será en los próximos días, y esto empezó desde ayer mismo, objetivo de declaraciones para señalar que un incremento al presupuesto del Poder judicial, representa un gasto ominoso ante una supuesta política de austeridad que señala todos los días el gobierno federal.
La también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, expuso los motivos por los cuales deberá incrementarse el presupuesto, anteponiendo la eficacia de la labor judicial sobre una racionalidad de recursos que significa en ocasiones dilatar el impartir justicia.
Manifestó que en los últimos cuatro años hubo una disminución del 15.4 por ciento en términos reales a los recursos canalizados a la Judicatura Federal. Por ello acotó que el incremento del presupuesto solicitado para el año fiscal 2024, es necesario e indispensable para garantizar la continuidad de sus funciones.
“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho”, sentenció.
“Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”.
Detalló que la sanción del proceso electoral más grande en nuestra historia contemporánea y la implementación del nuevo de justicia laboral (con la creación de 45 órganos jurisdiccionales especializados) y del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que permitirán el desahogo de 1.3 millones de nuevos expedientes y el fortalecimiento del Instituto de la Defensoría Pública y para ello se necesita presupuesto para realizar el pago a los servidores públicos.
Piña Hernández subrayó la importancia de mantener una estrategia de seguridad para garantizar la integridad de quines impartirán la justicia, sus colaboradores y por supuesto a sus familias.
“La independencia judicial exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional”, definió la ministra presidenta.
Si impartir la justicia expedita no es de relevancia para este país, blindando a los servidores del poder judicial ante amenazas, presiones y coacciones, entonces que será lo más importante, seguir destruyendo la selva y cenotes en Yucatán, observar como el crimen ocupa mas de una tercera del país y que la “nueva clase política” se hace millonaria sin aclarar como ocurre este fenómeno.
Desde el tabasqueño inquilino de Palacio Nacional, sus peones, legisladores y simpatizantes empezaran a manifestar que es un error pedir mayor presupuesto para le poder judicial, pero no argumentaran con datos precisos ese error.
