Los resultados de la medición multidimensional de la pobreza en 2022, que dio a conocer el Coneval el pasado 10 de agosto, son “agridulces”: Por una parte, es muy positiva la reducción de la pobreza en general; aunque por otra, es dramático el desplome en el acceso a servicios de salud de la población.
En el Análisis inicial de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza sobre los nuevos datos de Coneval concluye que es conveniente evitar el triunfalismo, pues la condición de pobreza crónica de la población indígena y los niveles de pobreza en niñas, niños y jóvenes son preocupantes y tienen efecto de mayor duración.
La reducción de la pobreza es significativa, pasa de 42% en 2018 a 36% en 2022. Son 5 millones de personas menos en cuatro años. Como causa principal -no única- se identifica la mejora del ingreso por trabajo en los hogares; se incrementó 30% en los del decil I, y 14% en los del decil II (los más bajos del espectro).
Esto confirma que transitar hacia el ingreso digno es la palanca para reducir la pobreza. Sin embargo, la pobreza sigue teniendo un nivel muy alto. Cerca de la mitad de las personas, 56.1 millones, carecen de ingreso suficiente para adquirir lo más básico, es decir son “pobres por ingresos” (44%). Y más de la tercera parte de la población, 46.8 millones de personas, carecen de ingreso suficiente y además presentan una carencia social. Este nivel de la pobreza no corresponde al tamaño y fortalezas de nuestra economía. La pobreza extrema se incrementa. Había 8.7 millones de personas en 2018 (7%) y ahora son 9.1 millones (7.1%). Son 400 mil las que se sumaron
Únicamente 27% de la población; es decir, 34.9 millones de personas (sobre 128.9 millones) están exentas de carencias y superan el umbral de ingreso de la canasta básica.
La peor noticia es el incremento de la carencia por acceso a servicios de salud. Se duplica de 16% en 2018 a 39% en 2022. Esto significa que 30 millones de personas se sumaron a esta carencia en este periodo, para alcanzar el año pasado un total de 50.4 millones de personas. De 52.1 millones de personas que estaban afiliadas al Seguro Popular en 2018, quedan sólo 17.4 millones ahora afiliadas al INSABI o al IMSS Bienestar.
“Es alarmante que la falta de acceso al Seguro Social se mantenga como la más alta, y la causa es que 64% de la población está en esa situación. Con ello se confirma lo que hemos explicado en reiteradas ocasiones: millones de personas trabajan sin protección social y sin derechos laborales; esto es, en trabajos informales”, indica el análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
La mayoría de la población indígena vive en condiciones de pobreza crónica. En 2022, dos terceras partes estan en condición de pobreza (65%) y más de la cuarta parte en pobreza extrema (26%). Esta tasa es 4.5 veces más (453%) que las personas no indígenas. El desplome de los servicios de salud afecta significativamente a este sector de la población, que pasó de 15% en 2018 a 57% el año pasado. Además, 3 de cada 4 carecen de acceso a seguridad social. Sólo 7.5% de las personas indígenas superan la pobreza y las carencias.
Los datos de Coneval muestran que casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes (0-17 años de edad) viven en pobreza: 46%. Y entre más pequeños, la situación se agudiza. Durante la primera infancia. 0-5 años, 48% están en condición de pobreza; entre 6-11 años son 47%.
“Esto es grave porque crea un círculo vicioso que reproduce la pobreza. La pobreza de niñas, niños y jóvenes tiene efectos de mayor duración. Crea desventajas sociales que producen barreras estructurales para su futuro desempeño educativo y para la capacidad productiva durante la juventud y la vida adulta”, explica el documento.
Respecto a las personas jóvenes, la pobreza afecta a más de la tercera parte de la población de 15 a 29 años de edad: 36%. Y por la dimensión de ingresos llega al 42%; es decir, que carecen de ingreso suficiente para adquirir lo más básico. El incremento del rezago educativo de jóvenes también es una mala noticia, sube de 18 a 22%, casi 1.5 millones más en estos últimos cuatro años.
En este sentido, vale la pena acotar que las transferencias monetarias del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) no han tenido efecto sustancial. A fines de 2018, el 18.7% de personas entre 18 y 29 años estaba fuera de la escuela y sin trabajo. Cuatro años después, son el 16.5%. Apenas 2.2% menos, que equivale a 139 mil por año, en promedio.
El número de quienes tenían trabajos precarios se mantuvo casi igual: más de 8 millones de jóvenes. Las personas jóvenes en trabajos formales inscritos en el IMSS, son menos que hace 4 años, con una inversión de 95 mil millones de pesos y más de 2.5 millones de jóvenes que recibieron los apoyos del programa JCF.
Es muy difícil saber con precisión qué parte de la mejora en la pobreza se debe al incremento tan importante de las transferencias monetarias del gobierno federal. Los datos muestran que la mejora del ingreso de los hogares de los primeros deciles (los de menor ingreso) tiene mucho más que ver con la mejor del ingreso del trabajo. Los ingresos por trabajo representan 75% del ingreso líquido de los hogares, y si se consideran jubilaciones y pensiones, llega al 84%. Mientras que las transferencias gubernamentales son menos del 3%. Son 2.80 pesos de cada 100 pesos.
La ENIGH 2022 revela que 61% de los hogares de los primeros cuatro deciles de ingreso están excluidos de los programas gubernamentales. Coneval muestra que, quitando dichas transferencias, la pobreza subiría a de 36.3% a 39% en 2022, esto es 2.7%. Hace dos años, mostraba que pasaría de 41.9% a 43.8%. En 2018, el monto total de ingresos de los hogares por transferencias gubernamentales era de 24.9 mil millones de pesos trimestrales; en 2022 fueron 66.7 mil millones, casi el triple.
Finalizar la recuperación gradual del salario mínimo general, para que, en 2024, sea suficiente para cubrir el costo de dos canastas básicas.
Compromiso de las empresas, principalmente las grandes y medianas, para lograr ingreso digno, empezando con nóminas libres de pobreza, nadie con salario menor a 8,600 al mes.
Política laboral de diálogo social para la concertación de acuerdos para romper el estancamiento salarial y mejorar la productividad.
Crear la infraestructura de servicios de cuidados para niñas y niños, escuelas de tiempo completo y espacios de cuidado para personas enfermas, con discapacidad y adultas mayores, que permita la inclusión económica de las mujeres.
Reformular el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para crear una política integral de empleabilidad. El hecho de que haya disminuido la proporción de personas en pobreza siempre será buena noticia; sin embargo, es preciso reconocer que aún falta mucho por hacer desde las distintas esferas de gobierno, sector privado y sociedad civil. Invitamos a conocer el documento de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con los datos, fuentes y gráficas que amplían lo que aquí se menciona brevemente
