La diputada federal Adriana Bustamante Castellanos (Morena) aseveró que “ante la emisión anual de 1,200 toneladas de mercurio al medio ambiente, provenientes principalmente de su extracción primaria en la minería artesanal, de acuerdo con el inventario nacional en la materia elaborado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las reformas a la actividad minera aprobadas recientemente por las Cámaras de Diputados y de Senadores contribuyen al cumplimiento del Convenio de Minamata, fundamentalmente a evitar el daño a la salud de personas que trabajan en esta actividad y al medio ambiente”.
Lo anterior, durante su participación en el taller regional para la presentación del proyecto de desarrollo de sustento alternativo a la actividad minera para la extracción de mercurio en la Sierra Gorda de Querétaro.
“Sabemos que aquí en Querétaro es donde hay más minas de mercurio, por lo que reconozco el importante trabajo de la Semarnat, a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en coordinación con otras entidades de gobierno y académicas, para la implementación de este proyecto que busca sustituir la economía de los mineros artesanos para que tengan un rendimiento económico, para que logren el estado de bienestar sin necesidad de exponer su vida, su salud, en la extracción de mercurio de manera artesanal”, indicó en un comunicado la coordinadora Temática de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de Morena.
Durante su participación también llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que “la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la oposición a las reformas legislativas a la actividad minera se resuelva a favor del pueblo, a favor de quien ha visto afectada su salud, a favor de todos los mexicanos que hemos visto afectado el medio ambiente de nuestro territorio, y no favorezca al poder económico de quienes saquean y destruyen el país”.
Finalmente, indicó que “además de las modificaciones legislativas al marco legal de la actividad minera aprobadas por el Congreso, estamos insistiendo para que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Semarnat nos apoyen para que transiten las iniciativas que se hicieron en el marco del Acuerdo de Escazú, un pacto de América Latina promovido por activistas, ambientalistas y académicos mexicanos, y que ahora es parte del marco internacional en materia de justicia, transparencia e información ambiental que se carece en toda América Latina”.
