Esta mañana Greenpeace y organizaciones locales “detuvieron” simbólicamente obras en el tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum. Colocaron una manta con el mensaje “Protejamos la selva maya”, y ocho activistas inmovilizaron con el cuerpo la maquinaria.
La organización advirtió de “la profunda devastación en la zona, que se extiende al día de hoy en por lo menos 30 kilómetros de selva con 60 metros de ancho”.
La organización señaló que expertos y activistas de Siempre Unidas, Jaguar Wildlife Center, Centinelas del Agua, Red de Formadores Socioambientales y MOCE Yax Cuxtal AC han mostrado su preocupación debido “a los impactos negativos que tendrá la construcción de este tramo ya que, en el último de los cuatro cambios de su trazo, la ruta se adentra cada vez más en la selva, contraviniendo la promesa de conservar un trazo sobre el derecho de vía existente, además de no existir Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)1, violando lo dispuesto en los Artículos 170 a 174 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) que establece la clausura temporal, parcial o total de un proyecto a instancias de la Profepa en caso de ausencia o de la no aprobación del estudio de impacto ambiental que debe ser presentado a Semarnat como requisito para llevar a cabo cualquier obra”.
Aleira Lara, Directora de Campañas de Greenpeace México, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a suspender las operaciones en el tramo 5 que pretende abarcar 121 kilómetros de doble vía, con 5 estaciones y 3 paraderos y que irá del aeropuerto de Cancún hasta el libramiento a Tulum2; y a fortalecer el marco jurídico en lugar de debilitarlo aún más.
Dijo que preocupa “que no exista una Manifestación de Impacto Ambiental lo cual, además de incurrir en un acto ilegal, está dando paso a daños irreversibles en el ecosistema. Esta ruta, tal como está planteada, fragmentará, deforestará, defaunará, contaminará y pondrá en riesgo aún más a la selva, a los ríos y a las comunidades”, declaró. “Los proyectos de infraestructura, desarrollo económico y turísticos no deben derivar de la destrucción de la naturaleza ni de la violación a los derechos humanos”, enfatizó Lara.
Por su parte, Tania Ramírez, de Siempre Unidas, colectivo de mujeres del municipio de Solidaridad, enfatizó “este es un proyecto que se nos ha impuesto y que no pedimos, ya que la consulta pública no cumplió con el proceso de consulta indígena mandatado por leyes internacionales”
