Para proteger a los infantes del crimen organizado, la diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo solicitó a la Comisión Permanente, exhortar a la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Poder Legislativo, organizaciones internacionales y de la sociedad civil, establecer una estrategia de análisis del marco jurídico relacionado al reclutamiento infantil por parte de la delincuencia organizada.
Recalcó que prueba de esta realidad son las cifras difundidas que marcan que en las últimas administraciones al menos 10 mil 348 menores han sido detenidos por actividades delictivas. Además, añadió, diariamente, dos niños que debieron estar estudiando, jugando o en descanso, estuvieron expuestos a desafíos que no deberían enfrentar en esta etapa de su vida.
A través de un Punto de Acuerdo, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI fundamentó que es necesario realizar una reforma integral al Código Penal Federal para diseñar una tipificación adecuada de este delito, que considere los elementos indispensables, para salvaguardar la integridad y seguridad de niñas, niños y adolescentes en el país.
Argumentó que estos cambios legales requieren de mesas de trabajo, donde se tomen en cuenta recomendaciones internacionales, para proporcionar una base legal clara para la sanción de estas conductas delictivas, lo cual, señaló, facilite la investigación al establecer los elementos que deben ser probados para demostrar la comisión del delito.
De esta manera, la también presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, sostuvo, se logrará establecer un marco normativo que permita identificar a las niñas y niños reclutados como lo que son, víctimas, y vivir el debido proceso en la calidad que este estatus proporciona, situación que subrayó, no se podrá lograr sino se armoniza y tipifica este delito adecuadamente.
La legisladora también destacó el avance del proyecto que reforma disposiciones de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. El texto turnado a la Cámara de Diputados, considera establecer un agravante de la mitad de la pena a: quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años a cometer algún delito, o los recluten para formar parte de un grupo criminal.
Herrera Anzaldo puntualizó que este fenómeno, es una de las situaciones más peligrosas para las niñas y niños, por lo que, expresó, se requiere la colaboración de todos los actores involucrados, con un enfoque integral y coordinado para lograr la prevención y el abordaje eficaz de esta situación.
