Con 21 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, la Comisión de Bienestar, que preside la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), aprobó su opinión respecto de los informes correspondientes a la segunda entrega de la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2020 sobre resultados de auditorías en el Ramo de Bienestar.
La opinión considera el fortalecimiento al buen gobierno, a la vinculación legislativa y a la labor institucional de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los informes individuales de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 respecto de las auditorías al Ramo. Asimismo, afirma que en las auditorías debe prevalecer el respeto a los derechos humanos de beneficiarios de los programas sociales que garantiza el Estado mexicano.
La diputada Rojo Pimentel explicó que se hizo el estudio a tres auditorías correspondientes a la Secretaría de Bienestar, referentes a los programas de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente y al Vivero Forestal Tapachula, en el estado de Chiapas.
“La opinión es únicamente respecto de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación; no evaluamos si el trabajo de la Secretaría de Bienestar es bueno o malo”. Del PAN, la diputada Sonia Murillo Manríquez señaló que en esta opinión se menciona que es positivo el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, a lo cual se le debe dar seguimiento hasta que sean aclaradas cada una de las observaciones.
La diputada María Ascención Álvarez Solís (MC) consideró que falta un sistema operativo de control, seguimiento y supervisión del programa para el Bienestar de Niñas y Niños e Hijos de Madres Trabajadoras, ya que se habían otorgado recursos por poco más de 7 millones 68 mil pesos, vinculados a 114 madres, padres o tutores y a mil 293 menores sin tener los requisitos para ser parte del padrón, ni se acreditó su identidad con documentos oficiales, entre otras observaciones.
Del PRI, el diputado Rodrigo Fuentes Ávila aclaró que no hay criterios políticos. Planteó que el resolutivo no lleve un calificativo, porque no se pueden emitir recomendaciones ni calificar de positiva o negativa.
El diputado Miguel Sámano Peralta (PRI) dijo que se advierten ineficiencias que representan 113 millones de pesos por aclarar, por lo que en la próxima entrega para febrero deben estar previstas más auditorías para el sector bienestar considerando que en la revisión de la Cuenta Pública 2019 se detectaron inconsistencias en programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores y Sembrando Vida, donde quedaron por aclarar 992 millones de pesos y mil 832 millones de pesos, respectivamente.
La diputada Amalia García Medina (MC) dijo que la opinión es un buen documento que incluye observaciones de cada uno de los integrantes de la Comisión. Aseveró que se requiere de un instrumento técnico, sólido y consistente que permita verificar la operación, garantizar control y dar seguimiento a cada uno de los programas.
De Morena, el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros destacó que muchos de los elementos expuestos son atendibles, pero en otros casos hay sesgos políticos, porque observaciones en las auditorías al programa Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras es de solamente 0.3 por ciento, monto menor en comparación con administraciones anteriores.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) aclaró que la Comisión debe trabajar en unidad y buscar el mejor funcionamiento. Es necesario soslayar temas políticos y lo que haya pasado antes. “Resolvamos la problemática; no son grandes números, pero son importantes”.
