Por Víctor Barrera
La forma de actuar ante la autonomía de un poder, que corrige el proceder de otro, porque el segundo avalo reformas que pueden hacer sucumbir no solo a minorías, sino aun país entero, porque se pretende trastocar el estado de Derecho. no debe partir de un pensamiento retrogrado
Por el Estado de Derecho es el principal factor por el cual las inversiones se trasladan a naciones para la generación de riqueza, que por supuesto deberá pagar impuestos al país donde se genera y crear empleos con salarios que permitan no solo cubrir las necesidades básicas de sus trabajadores, sino que les de la certidumbre que su calidad de vida mejorara y tener la oportunidad de contar con recursos suficientes para concluir su ciclo de vida sin preocupación alguna.
Pero esto poco interesa a quien por habitar un palacio se siente Rey, porque para él lo principal es tener y mantener el poder, aun cuando para conseguirlo tendrá que destruir todo lo que nos ha costado a los mexicanos construir por mas de un siglo.
No le importan los pobres, porque su fin es mantener a la gente en esos niveles, que lamentablemente también son de ignorancia, porque un pueblo pobre e ignorante es más fácil de manejar, convencer y oprimir.
Entonces cuando un poder, como el Judicial, realiza el trabajo que le corresponde, que es cuidar el respeto a la Constitución y sus leyes y esto impide que el poder Ejecutivo siga centralizando el poder en una persona, es cuando se pone en la mesa de discusión la posibilidad de modificaciones, que representan un retroceso y no un avance.
Porque se busca, con esas modificaciones que el poder Ejecutivo tenga una injerencia desde la “elección” de aquellos que tienen la obligación de vigilar por la observancia de la Carta Magna.
Porque la propuesta de Ignacio Mier, líder del grupo parlamentario de Morena en la cámara de Diputados y suspirante al gobierno de Puebla, no es más que un servilismo “oficioso” para quedar bien con su jefe y con ello ser el designado gobernador de su tierra natal.
Debo señalar que no dudamos de la capacidad de Mier Velasco para ser un buen gobernador, lo que molesta es ese servilismo rancio que muestra para ser el beneficiado por la bendición de su Mesías.
Si quiere ser gobernador, debe demostrar que trabaja para sus representados y no para un “jefe”, porque entonces implicaría que de llegar al gobierno le debería “un favor” a quien lo designo y condenaría a la población de su estado a decisiones y caprichos de su mentor
El otro líder legislativo, Ricardo Monreal, pretende modificar al poder Judicial argumentando que es un grupo privilegiado y que esto no corresponde a la situación de la mayoría de la gente. Y quizás tenga razón, pero esto responde a modificaciones administrativas y de remuneraciones, no en la forma en que se desempeñe el poder judicial y su obligatoriedad de cuidar la constitucionalidad.
Pero hasta el momento estas propuestas, muestran más carácter oficioso y retrogrado que de avance y consolidación de la democracia en el país.
Además debe mencionarse que si se pretende que quien aspire a ser ministro de la Suprema Corte, realice campaña política, esto nos llevaría a que cada ministro elegido este sujeto a los compromisos e intereses de quienes financien sus campañas.
Si ese es el camino que se propone para la SCJN, estaremos ante un sistema judicial que podría tener problemas al momento de la aplicación de la ley y se perdería la confianza en el Estado de Derecho mexicano.
Pero si esta desconfianza se incrementa en la actuación de quienes tienen a su cargo velar por el cumplimiento de la Constitución, la población entera tampoco respetaría las leyes y se crearía un caos llevándonos siglos atrás como sociedad y país.
Debemos entender que nuestra Constitución marca la separación y autonomía de tres poderes, que permitan vigilar y sancionar si uno de ellos excede en sus facultades.
Así el poder Ejecutivo debe realizar, con apego a la ley, todo lo que le mándate el pueblo mexicano. El poder Legislativo debe implementar, modificar y establecer leyes para una convivencia sana en el país y el poder Judicial deberá ser garante de derechos naturales o privados y garante a su vez de los derechos de propiedad y la relación equilibrada y apegada a la ley que rige la vida entre particulares y gobiernos, todo ello con independencia e imparcialidad.
Modificar todo esto para favorecer a un poder, a su titular y al grupo de personeros que le siguen es retroceder años y condenar a futuras generaciones a sufrir conflictos como los que se vivieron en México durante varios años.
