La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y reforma diversas disposiciones de las leyes Federal de Entidades Paraestatales y de Planeación.
El documento, integrado por las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Educación, fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales. En lo general fue aprobado con 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones, mientras que en lo particular recibió 257 votos a favor, 210 en contra y 2 abstenciones, para quedar en sus términos, luego de que el Pleno rechazara las propuestas de modificación.
La nueva ley tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Refiere que el fin es que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos humanos en general.
Entre otros objetivos, establece el principio y bases de las políticas públicas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, así como la integración, articulación y rectoría de un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Además, plantea las competencias de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, en torno a esta materia y define las atribuciones del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
Precisa que una de las obligaciones del Estado será garantizar las libertades de investigación, de cátedra y de expresión necesarias para el desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación.
Con la expedición de esta ley se crea el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que estará integrado por diferentes dependencias. Prevé la implementación de Programas Nacionales Estratégicos, que estarán orientados a diagnosticar, prospectar y proponer acciones y medidas para la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales concretas.
Se contará con el Sistema Nacional de Información, que tendrá acceso abierto a los resultados y demás información que resulte de la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realicen los centros públicos.
El dictamen agrega al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en las leyes Federal de las Entidades Paraestatales y de Planeación.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) mencionó que la nueva ley contiene mecanismos claros para orientar el fortalecimiento de la comunidad científica, la generación de conocimiento y la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales para contribuir al bienestar general de la población, al estricto cuidado del ambiente y el mantenimiento de la riqueza biocultural y la protección de los bienes comunes. Además, de una perspectiva de género.
La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) mencionó que es una ley democrática que consolida la cuarta transformación en el sector de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Del PAN, el diputado Juan Carlos Romero Hicks dijo que votaría en contra porque la propuesta contiene inconsistencias que traerán problemas de legalidad; no resuelve competencias, no contempla planeación nacional ni local, no garantiza libertades académicas, no respeta el federalismo y tiene abundantes contradicciones.
“Y una ley que no tutela la innovación, la propiedad intelectual y los centros públicos no puede ser el proyecto al que aspiremos.
El diputado Brasil Alberto Acosta Peña (PRI) expresó que el dictamen no se elaboró con base en la ciencia, ni se respetaron acuerdos de las Comisiones Unidas para llevar a cabo siete 7 foros, pues sólo se hicieron dos y no se incluyeron las propuestas de la comunidad científica. Además, tiene vicios procesales y no da libertad de investigación.
Advirtió que impulsará acciones de inconstitucionalidad porque es una propuesta arbitraria que no toma en cuenta la posición de las y los científicos y la sociedad.
La diputada Araceli Celestino Rosas (PT) se pronunció a favor del dictamen por considerar que incorpora como un derecho humano a la ciencia, para ponerla al servicio de la población y ayudará a que las y los mexicanos puedan mejorar su calidad de vida porque el desarrollo científico resuelve problemas concretos de la gente en materia de salud, alimentación, comunicación y servicios.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) comentó que el dictamen viola el proceso legislativo, por lo que anunció que en las reservas emitirá la opinión de su grupo parlamentario respecto a lo que no les parece de este ordenamiento.
“Lo que estoy diciendo es que tenían todo para hacerlo aseado y lo complicaron y enredaron”.
Por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez apuntó que su grupo parlamentario no acompaña este proyecto, ya que las actividades sustanciales se sujetan a la disponibilidad presupuestaria, convirtiendo el ordenamiento en simples proclamaciones sin obligatoriedad de otorgar y excusando su exigibilidad; “es letra muerta y sólo sirve para que el Conacyt concentre el poder de la toma de decisiones sustanciales sobre la ciencia, la tecnología y la innovación”.
Dip. Elizabeth P Dip. Elizabeth Pérez Valdez (PRD) / Le aldez (PRD) / Ley de Humanidades, Ciencias, y de Humanidades, Ciencias, T… Discusión general 26/4/23, 20:26 Comunicación https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/boletines/avala-camara-de-diputados-expedir-la-ley-general-de-humanidades-ciencias-tecnol… 7/16 El diputado Ignacio Loyola Vera (PAN) señaló que el dictamen contiene una ley que es concentradora y controladora, toda vez que está diseñada sin verticalidad y sin honrar los compromisos, lo cual cancela la creatividad en la innovación de los científicos e investigadores. “Estamos arruinando al país con leyes y decisiones inadecuadas”. Dip. Ignacio Lo Dip. Ignacio Loyola Vera (PAN) / Le AN) / Ley de Humanidades, Ciencias, y de Humanidades, Ciencias, Tecn… La diputada de Morena, Gabriela Martínez Espinoza, dijo que este dictamen no restringe la libertad de investigación, pues establece de manera precisa y transparente que la política pública deberá salvaguardar la investigación en los diversos rubros, así como fomentar y respetar la autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior. Al pronunciarse en contra del dictamen, el diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa (PRI) externó que el proceso legislativo fue al vapor y que la mayoría de la comunidad científica no está de acuerdo con esta ley, ya que limita la libertad de investigación y deja a la deriva a la ciencia, la tecnología y la innovación; además, no crea una palanca de desarrollo y es anticonstitucional al no respetar la soberanía de las entidades federativas.
Ana Karina Rojo Pimentel, diputada del PT, expuso que las reformas contribuyen a la generación del conocimiento y fortalecen la soberanía y la independencia tecnológica, además de que apuntalan los programas gubernamentales y abonan al bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente.
El diputado Pablo Gil Delgado Ventura (MC) lamentó que en esta discusión no se tomaran en cuenta los acuerdos, a pesar de la gran disposición de la comunidad científica. El contenido de lo que hoy se vota no tomó esas propuestas ni inquietudes expresadas.
“Hay temas en los que no debe haber colores, tal como lo es el desarrollo científico”.
José Miguel de la Cruz Lima, diputado de Morena, comentó que hoy la ciencia se usa para generar bienestar social y que beneficie al pueblo. “Gobiernos anteriores redujeron presupuesto para la ciencia y tecnología; además, se apoyaba a empresas extranjeras para hacer negocio”.
Del PRI, la diputada Cynthia López Castro consideró que la ley que se busca expedir es inconstitucional, porque se viola la libertad de investigación y de expresión. Agregó que sólo se realizaron dos parlamentos abiertos de los siete que estaban pactados para escuchar
El diputado Jesús Roberto Briano Borunda (Morena) mencionó que la ley abarca todo lo necesario para las y los científicos e investigadores en México, pues se formuló en cuatro años, incluye 49 iniciativas, aportaciones de 135 foros de consulta y la participación del sector público, 26 foros de la comunidad científica, 22 reuniones con actores del sistema nacional y el Gobierno Federal, tres propuesta particulares, 14 opiniones de diversas secretarías de Estado y seis de otras instituciones y asociaciones civiles.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) cuestionó la prisa por aprobar el dictamen. Señaló que es una ley retrógrada que da la espalda a la comunidad científica, e impone una agenda nacional de temas “que al régimen le interesa que le investiguen”, Rocío Hernández Villanueva, diputada de Morena, se pronunció a favor del dictamen, toda vez que apoya a la ciencia e impulsa la soberanía tecnológica e innovadora de México, sumará al proceso de transformación al país y dejará atrás la mercantilización científica. En su oportunidad, la diputada Sandra Luz Navarro Conkle (Morena) estimó que la nueva ley busca aprovechar y articular al máximo el talento de las instituciones de educación superior públicas y privada, así como orientar hacia la profesionalización de las personas en la materia e impulsar el rigor científico y la pluralidad tecnológica.
Reservas Para la discusión en lo particular se reservaron diversos artículos y se aceptaron las siguientes modificaciones: Se admitió la reserva del diputado Alberto Villa Villegas (Morena) que modifica el párrafo cuarto del artículo 30 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para eliminar la palabra “en términos reales”, y así garantizar los recursos suficientes para avanzar en ciencia y tecnología.
Quedó de la siguiente manera: “El monto anual que se destine a la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”.
También se aceptaron reservas del diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez (Morena), al artículo 68 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, a fin de afianzar a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación al invitar a un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y para que la Junta de Gobierno se pueda renovar al menos cada dos años.
Se precisa que: “La persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional, a partir de las propuestas que realice la persona Coordinadora del Órgano Interno Consultivo, invitará a formar parte de la Junta de Gobierno, con voz y voto, a ocho representantes de la comunidad y de los sectores social y privado, quienes contarán con un suplente.
Las invitaciones se realizarán conforme a criterios de paridad de género, equilibrio regional y equidad institucional y sectorial, y se renovarán al menos cada dos años para garantizar el carácter plural e incluyente de la Junta de Gobierno”.
Y agrega que: “A las sesiones de la Junta de Gobierno se podrá invitar con voz, pero sin voto, a las personas servidoras públicas, académicas, humanistas, científicas, tecnólogas, innovadoras y, en general, a cualquiera que, por sus conocimientos y experiencia, se estime pudiese contribuir a la deliberación de los asuntos de competencia de la Junta de Gobierno.
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y reforma diversas disposiciones de las leyes Federal de Entidades Paraestatales y de Planeación.
El documento, integrado por las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación, y de Educación, fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales. En lo general fue aprobado con 257 votos a favor, 208 en contra y dos abstenciones, mientras que en lo particular recibió 257 votos a favor, 210 en contra y 2 abstenciones, para quedar en sus términos, luego de que el Pleno rechazara las propuestas de modificación.
La nueva ley tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Refiere que el fin es que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos humanos en general.
Entre otros objetivos, establece el principio y bases de las políticas públicas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, así como la integración, articulación y rectoría de un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Además, plantea las competencias de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, en torno a esta materia y define las atribuciones del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
Precisa que una de las obligaciones del Estado será garantizar las libertades de investigación, de cátedra y de expresión necesarias para el desarrollo de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación.
Con la expedición de esta ley se crea el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que estará integrado por diferentes dependencias. Prevé la implementación de Programas Nacionales Estratégicos, que estarán orientados a diagnosticar, prospectar y proponer acciones y medidas para la prevención, atención y solución de problemáticas nacionales concretas.
Se contará con el Sistema Nacional de Información, que tendrá acceso abierto a los resultados y demás información que resulte de la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realicen los centros públicos.
El dictamen agrega al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en las leyes Federal de las Entidades Paraestatales y de Planeación.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena) mencionó que la nueva ley contiene mecanismos claros para orientar el fortalecimiento de la comunidad científica, la generación de conocimiento y la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales para contribuir al bienestar general de la población, al estricto cuidado del ambiente y el mantenimiento de la riqueza biocultural y la protección de los bienes comunes. Además, de una perspectiva de género.
La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) mencionó que es una ley democrática que consolida la cuarta transformación en el sector de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Del PAN, el diputado Juan Carlos Romero Hicks dijo que votaría en contra porque la propuesta contiene inconsistencias que traerán problemas de legalidad; no resuelve competencias, no contempla planeación nacional ni local, no garantiza libertades académicas, no respeta el federalismo y tiene abundantes contradicciones.
“Y una ley que no tutela la innovación, la propiedad intelectual y los centros públicos no puede ser el proyecto al que aspiremos.
El diputado Brasil Alberto Acosta Peña (PRI) expresó que el dictamen no se elaboró con base en la ciencia, ni se respetaron acuerdos de las Comisiones Unidas para llevar a cabo siete 7 foros, pues sólo se hicieron dos y no se incluyeron las propuestas de la comunidad científica. Además, tiene vicios procesales y no da libertad de investigación.
Advirtió que impulsará acciones de inconstitucionalidad porque es una propuesta arbitraria que no toma en cuenta la posición de las y los científicos y la sociedad.
La diputada Araceli Celestino Rosas (PT) se pronunció a favor del dictamen por considerar que incorpora como un derecho humano a la ciencia, para ponerla al servicio de la población y ayudará a que las y los mexicanos puedan mejorar su calidad de vida porque el desarrollo científico resuelve problemas concretos de la gente en materia de salud, alimentación, comunicación y servicios.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) comentó que el dictamen viola el proceso legislativo, por lo que anunció que en las reservas emitirá la opinión de su grupo parlamentario respecto a lo que no les parece de este ordenamiento.
“Lo que estoy diciendo es que tenían todo para hacerlo aseado y lo complicaron y enredaron”.
Por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez apuntó que su grupo parlamentario no acompaña este proyecto, ya que las actividades sustanciales se sujetan a la disponibilidad presupuestaria, convirtiendo el ordenamiento en simples proclamaciones sin obligatoriedad de otorgar y excusando su exigibilidad; “es letra muerta y sólo sirve para que el Conacyt concentre el poder de la toma de decisiones sustanciales sobre la ciencia, la tecnología y la innovación”.
El diputado Ignacio Loyola Vera (PAN) señaló que el dictamen contiene una ley que es concentradora y controladora, toda vez que está diseñada sin verticalidad y sin honrar los compromisos, lo cual cancela la creatividad en la innovación de los científicos e investigadores. “Estamos arruinando al país con leyes y decisiones inadecuadas”.
La diputada de Morena, Gabriela Martínez Espinoza, dijo que este dictamen no restringe la libertad de investigación, pues establece de manera precisa y transparente que la política pública deberá salvaguardar la investigación en los diversos rubros, así como fomentar y respetar la autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior. Al pronunciarse en contra del dictamen, el diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa (PRI) externó que el proceso legislativo fue al vapor y que la mayoría de la comunidad científica no está de acuerdo con esta ley, ya que limita la libertad de investigación y deja a la deriva a la ciencia, la tecnología y la innovación; además, no crea una palanca de desarrollo y es anticonstitucional al no respetar la soberanía de las entidades federativas.
Ana Karina Rojo Pimentel, diputada del PT, expuso que las reformas contribuyen a la generación del conocimiento y fortalecen la soberanía y la independencia tecnológica, además de que apuntalan los programas gubernamentales y abonan al bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente.
El diputado Pablo Gil Delgado Ventura (MC) lamentó que en esta discusión no se tomaran en cuenta los acuerdos, a pesar de la gran disposición de la comunidad científica. El contenido de lo que hoy se vota no tomó esas propuestas ni inquietudes expresadas.
“Hay temas en los que no debe haber colores, tal como lo es el desarrollo científico”.
José Miguel de la Cruz Lima, diputado de Morena, comentó que hoy la ciencia se usa para generar bienestar social y que beneficie al pueblo. “Gobiernos anteriores redujeron presupuesto para la ciencia y tecnología; además, se apoyaba a empresas extranjeras para hacer negocio”.
Del PRI, la diputada Cynthia López Castro consideró que la ley que se busca expedir es inconstitucional, porque se viola la libertad de investigación y de expresión. Agregó que sólo se realizaron dos parlamentos abiertos de los siete que estaban pactados para escuchar
El diputado Jesús Roberto Briano Borunda (Morena) mencionó que la ley abarca todo lo necesario para las y los científicos e investigadores en México, pues se formuló en cuatro años, incluye 49 iniciativas, aportaciones de 135 foros de consulta y la participación del sector público, 26 foros de la comunidad científica, 22 reuniones con actores del sistema nacional y el Gobierno Federal, tres propuesta particulares, 14 opiniones de diversas secretarías de Estado y seis de otras instituciones y asociaciones civiles.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) cuestionó la prisa por aprobar el dictamen. Señaló que es una ley retrógrada que da la espalda a la comunidad científica, e impone una agenda nacional de temas “que al régimen le interesa que le investiguen”, Rocío Hernández Villanueva, diputada de Morena, se pronunció a favor del dictamen, toda vez que apoya a la ciencia e impulsa la soberanía tecnológica e innovadora de México, sumará al proceso de transformación al país y dejará atrás la mercantilización científica. En su oportunidad, la diputada Sandra Luz Navarro Conkle (Morena) estimó que la nueva ley busca aprovechar y articular al máximo el talento de las instituciones de educación superior públicas y privada, así como orientar hacia la profesionalización de las personas en la materia e impulsar el rigor científico y la pluralidad tecnológica.
Reservas Para la discusión en lo particular se reservaron diversos artículos y se aceptaron las siguientes modificaciones: Se admitió la reserva del diputado Alberto Villa Villegas (Morena) que modifica el párrafo cuarto del artículo 30 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para eliminar la palabra “en términos reales”, y así garantizar los recursos suficientes para avanzar en ciencia y tecnología.
Quedó de la siguiente manera: “El monto anual que se destine a la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”.
También se aceptaron reservas del diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez (Morena), al artículo 68 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, a fin de afianzar a la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación al invitar a un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y para que la Junta de Gobierno se pueda renovar al menos cada dos años.
Se precisa que: “La persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional, a partir de las propuestas que realice la persona Coordinadora del Órgano Interno Consultivo, invitará a formar parte de la Junta de Gobierno, con voz y voto, a ocho representantes de la comunidad y de los sectores social y privado, quienes contarán con un suplente.
Las invitaciones se realizarán conforme a criterios de paridad de género, equilibrio regional y equidad institucional y sectorial, y se renovarán al menos cada dos años para garantizar el carácter plural e incluyente de la Junta de Gobierno”.
Y agrega que: “A las sesiones de la Junta de Gobierno se podrá invitar con voz, pero sin voto, a las personas servidoras públicas, académicas, humanistas, científicas, tecnólogas, innovadoras y, en general, a cualquiera que, por sus conocimientos y experiencia, se estime pudiese contribuir a la deliberación de los asuntos de competencia de la Junta de Gobierno.
Se invitará a un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que participe con voz, pero sin voto, en las sesiones de la Junta de Gobierno”.
Mociones suspensivas Previamente, el Pleno rechazó las mociones suspensivas de las y los diputados Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia (PRD), Salomón Chertorivski Woldenberg (MC), Carlos Madrazo Limón (PAN) y Sayonara Vargas Rodríguez (PRI)
