Por Víctor Barrera
La llamada Cuarta Transformación (4T), se volvió en un proceso donde se trastornó los procesos para la creación de riqueza, pero lo peor que también se empezó a debilitar y desaparecer los organismos autónomos que dieron, durante años, certidumbre a la sociedad respecto al buen uso de los impuestos para que se apliquen a con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
La demolición de estos organismos se ha realizado de manera sistemática y consistente a lo largo de la presente administración, con la intención de ir adecuando la estructura legal y administrativa para favorecer la continuidad de un régimen que solo llego al poder para no soltarlo, a pesar de que durante varios años impugno por una democracia en el país.
Pero aun cuando no se ha calculado de manera económica el peso que esto tendrá en futuros años, lo que es seguro que para resarcir los daños tardaremos más de dos décadas y miles de millones de pesos.
Así hemos visto como se despareció de entrada del Seguro Popular y hasta el momento el sistema de salud sigue siendo insuficiente para poder cubrir las necesidades de toda la población.
Se intentó concentrar la compra de medicamentos y se terminó creando el caldo de cultivo de una corrupción que fue creciendo debilitando la compra de medicamentos y su distribución.
En lo referente a la defensa de las mujeres, se desparecieron las guarderías y las escuelas de tiempo completo, pero son se originó otro sistema que pudiera sustituirlo para seguir apoyando a las mujeres que lamentablemente se han convertido en cabezas de hogares, como proveedoras.
Se creó Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo velaría por la autosuficiencia alimentaria y distribuiría estos para que todos los mexicanos no padecieran de falta de ellos, y solo hemos visto como se originó un problema que suma más de 15 mil millones de pesos en un posible fraude, mucho mayor a la “Estafa Maestra” del sexenio anterior.
Recientemente y siguiendo con el proceso de debilitamiento y eliminación de organismos autónomos y de apoyo a sectores productivos del país, se da a conocer que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, no cuenta con la cantidad suficiente de comisionados.
También se dio a conocer la eliminación la Financiera Rural para dar paso a la Financiera Nacional de Desarrollo (FND), con ello retrasando aún más los recursos para el apoyo al campo.
Está por demás, el pretendido desmantelamiento de grandes proporciones del Instituto Nacional Electoral (INE), que afortunadamente se detuvo a partir de que el ministro Javier Laynez suspendió la vigencia de las reformas legales denominadas plan B.
En el sector energía no se corrió con la misma suerte, pues los organismos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos; la Comisan Reguladora de Energía que han sido o subordinados o debilitados.
Igualmente, en el ámbito educativo se eliminó el Instituto Nacional de Evaluación y se erosionó gravemente la capacidad de promoción de innovaciones del Conacyt.
Hasta el momento existe más destrucción que construcción, y esto tarde o temprano tendrá que ser pagado de cualquier forma.
Solo esperamos que no sea un impacto que nos deje alicaídos por varios años.
