Por Víctor Barrera
Ante la alta posibilidad de que la presidencia del consejo General del INE sea ocupado por una mujer cercana a la ideología de Morena y más al pensamiento de López Obrador, deberemos estar atentos a las reacciones que esto provoque a nivel internacional.
Cuando una nación violenta sus procesos electorales con el objetivo de mantener un régimen que se convierte en dictadura, la incertidumbre sobre colocar capitales externos de los inversionistas en aquella nación se incrementa y esto provoca en el corto plazo mucho daño a la población de esa nación.
Aunque el proceso del Comité Técnico se realizo con toda la legalidad posible, esto no implica que sea totalmente legitima la conclusión que llego este comité.
Si entendemos que de siete integrantes de este comité solamente dos eran totalmente independientes de una ideología política, y otros cinco tiene un a marcado sesgo ideológico, era lógico esperan que la selección de los 20 aspirantes que conforman las quintetas para elegir cuatro consejeros electorales tengan un gran número de ellos con un sesgo ideológico parecido al de Morena.
Por ello, solo un inocente podrá creer que, las decisiones de la nueva presidenta del Consejo general del INE no tengan ese sesgo político en cada una de ellas.
Esto podrá provocar esa incertidumbre entre los inversionistas que quisieran trasladar su dinero a nuestro país, tomando en cuenta las decisiones que esta administración federal ha tomado a lo largo de los cinco años al frente del poder Ejecutivo.
El más icónico es el que corresponde al sector energético, que bajo un anacrónico nacionalismo López Obrador ha favorecido de manera sistemática a las empresas del gobierno, notoriamente ineficientes, como son Pemex y CFE, por sobre los intereses de sus competidores extranjeros.
Esto a pesar de que notoriamente violan el Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC), algo que ha provocado quejas de estadounidenses y canadienses, y para encontrar alguna solución adecuada se abrió una mesa de negociación.
La queja en la materia es simple. El gobierno mexicano se comprometió a respetar un marco de piso parejo en el trato a empresas de nuestros socios que han invertido en proyectos energéticos. Sin embargo este gobierno ha hecho todo lo contrario.
Al parecer estos socios ya están hartos de que este gobierno no proponga acuerdos y ya preparan un equipo negociador de alto rango, encargado de llevar poner un “ultimátum” a López Obrador, y de otorgar una solución al problema llevarán el tema a un panel independiente. En los términos del T-MEC, está claramente establecido que las decisiones de los paneles independientes son inapelables. Si México, como parece obvio, es encontrado en violación del tratado, podrá ser sancionado con aranceles en docenas de productos de exportación, como aguacate, mango y otros, y esos aranceles serían demasiado altos.
Respecto al sector agropecuario también viene cocinándose la controversia del maíz transgénico, producto contemplado en el tratado, y ya declarado insalubre por el gobierno mexicano.
Recientemente la iniciativa de reforma de Ley Minera que envió López Obrador a la cámara de diputados preocupa al sector privado por las implicaciones que tendría que ser aprobada. El cambio más importante y que tendrá mayores repercusiones, es la propuesta de reducir de 50 a 15 años las concesiones, con la posibilidad de ser renovadas, por una sola ocasión, otros 15 años.
Pero hasta ahora esto no le preocupa al tabasqueño, porque su principal objetivo es mantener el poder con el objetivo de ir cambiando al país a un régimen similar al que tiene países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Al final los que sufriremos las consecuencias de estas malas decisiones será el “pueblo sabio” y esto podría perdurar por varios años.
