Para que en caso de no existir disponibilidad de medicamentos y/u otros insumos esenciales en las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federales como locales, éstos sean adquiridos con cargo a la institución para ser entregados al paciente máximo 24 horas después de ser recetados por el médico tratante, la diputada Fabiola Rafael Dircio (PRD) impulsa iniciativa que adiciona el artículo 27 de la Ley General de Salud.
El documento, enviado a la Comisión de Salud, considera que las y los usuarios de servicios médicos públicos deben gozar de la garantía de medicamentos, no importando si el gobierno tiene o no la capacidad de compra consolidada, de distribución o de planeación de compra.
Los tratamientos deben estar disponibles en el momento que se ocupen; por ello, se debe garantizar la proveeduría de medicamentos a las y los pacientes que así lo requieran, sin importar si hay o no en los almacenes y bodegas de la institución tratante, añade.
Menciona que según el “Mapeo del Desabasto de Medicamentos en México”, elaborado por el colectivo Cero Desabasto, entre 2019 y 2020 en el IMSS, de un total de 430 millones de recetas, no fueron surtidas parcial o totalmente poco más de 40 millones, es decir el 9 por ciento del total.
Rafael Dircio argumenta que en 2021 había poco más de cuatro mil denuncias contra instituciones públicas de salud por la no proveeduría de medicamentos, no sólo del catálogo básico sino también de especialidades, destacando la falta de medicamentos oncológicos.
Además, en 942 días el colectivo Cero Desabasto –que agrupa a 68 organizaciones de la sociedad civil– registró seis mil 413 reportes de falta de algún medicamento, vacunas o material de curación en instituciones públicas que son parte del Sistema Nacional de Salud, 6.8 por día en promedio.
La institución de salud pública con más reportes, con el 54 por ciento del total, fue el IMSS, seguido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) con el 21 por ciento, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con el 14 por ciento; el 11 por ciento restante correspondió a los servicios estatales de salud, hospitales de alta especialidad, institutos nacionales de salud y otros subsistemas federales.
Añade que las afectaciones en carencia de medicamentos es un problema que se acentúa en poblaciones indígenas, ya que según cálculos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México un indígena tiene más posibilidades de morir por falta de atención medica que cualquier otro poblador del país.
Destaca que cada día que pasa una o un paciente sin sus tratamientos significa la pérdida de calidad de vida, por una falta de previsión y garantía por parte del gobierno de un producto que debería ser proveído con prontitud, y cuya obligación es establecer los mecanismos de compra y traslado.
